La Auditoría Interna de la Nación constató que un tercio de los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) presentan grandes problemas de gestión y el riesgo de que se haga un uso indebido de los fondos públicos que manejan.
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SUSCRIBITELa Auditoría Interna de la Nación constató que un tercio de los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) presentan grandes problemas de gestión y el riesgo de que se haga un uso indebido de los fondos públicos que manejan.
Los CAIF se crearon para atender niños de cero a tres años priorizando del acceso de aquellos que provienen de familias en situación de pobreza o vulnerabilidad.
La auditoria, constato ausencias y debilidad en los controles existentes así como una inadecuada asignación de autoridad y responsabilidad.
De los 475 centros, 132 presentan ausencia o debilidades en alguno de los pilares del control.
De una muestra aleatoria de carpetas físicas correspondientes a centros de seis departamentos se constató: falta de integridad en la documentación, duplicación de información sin un criterio de archivo, observaciones en cuanto a problemas edilicios de larga data sin que se observe ninguna decisión.
En uno de los centros, se viene reiterando desde el año 2018 que el espacio físico es inadecuado, llegando a plantearse que las condiciones edilicias son de riesgo para los niños que acuden al miso.
En otros de los centros, también se plantean problemas edilicios, deterioros eléctricos y filtración de agua por el techo, debiendo suspenderse la atención en los días de lluvia.
En cuanto a la gestión financiero/contable la institución se somete a una serie de riesgos como la apropiación indebida de los fondos públicos por parte de las organizaciones sociales al declarar un número mayor de sujetos de derecho vinculados respecto de los atendidos.
Otro riesgo, es la toma de decisiones inadecuadas al no contar con información contable integra y veraz.
En cuanto a los viáticos y horas a compensar se indica que hay un riesgo por uso indebido de fondos a partir de la falta de personal para controlar y también la priorización de los supervisores de las visitas a centros más lejanos a su domicilio.
A junio de 2023 de los 30 de los supervisores con posibilidad de compensar horas, 16 de ellos superan las 100 horas, llegando en algunos casos a un aproximado de 491 horas, según lo informado por la encargada del área de supervisión, esto afecta la calidad de las intervenciones y la sostenibilidad de las mismas en el año.
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