El presidente Luis Lacalle Pou esgrimió razones de constitucionalidad y conveniencia para vetar parcialmente la ley, votada por el Parlamento, para cubrir las deudas con los trabajadores de la exmutualista Casa de Galicia.
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SUSCRIBITEEl presidente Luis Lacalle Pou esgrimió razones de constitucionalidad y conveniencia para vetar parcialmente la ley, votada por el Parlamento, para cubrir las deudas con los trabajadores de la exmutualista Casa de Galicia.
En la resolución a la que pudo acceder Telenoche, el primer mandatario observa los tres primeros artículos de la iniciativa por violar la Constitución.
Sostiene que a través de ellos se pretende establecer “un sistema de garantías de los créditos laborales específico para los trabajadores de la ex Casa de Galicia y en condiciones más ventajosas con respecto al resto de los trabajadores privados”.
Esto, agrega, “sin que exista una causa razonable que justifique tal trato discriminatorio en menoscabo de los demás trabajadores de la actividad privada que se ven afectados por la insolvencia empresarial”.
“Pero aún resulta ser más cuestionable”, dice el presidente, “que se utilicen los fondos recaudados por concepto de contribución especial de seguridad social de 0,025%”, que “grava los ingresos de la generalidad de los trabajadores, para destinarlos a satisfacer los créditos de un grupo específico, en el caso los trabajadores de la ex Casa de Galicia”.
En este sentido, el mandatario consideró que estos artículos observados vienen a aplicar la ley del Fondo de Garantía de Créditos Laborales, en el ámbito del Banco de Previsión Social, “en forma desigual y discriminatoria, favoreciendo a un grupo de trabajadores en perjuicio del resto”, lo que a su entender es una violación del artículo 8 de la constitución.
En cuanto a la violación del artículo 86, dice Lacalle Pou, los artículos que veta llevan “irremediablemente” al “desfinanciamiento” del fondo, por lo que el Poder Ejecutivo deberá asistirlo, algo que no puede establecerse por fuera de una ley presupuestal como el presupuesto nacional o las Rendiciones de Cuentas.
De todas formas, el presidente propuso artículos sustitutivos que ahora deberán ser analizados por la Asamblea General.
Propone un aporte financiero máximo de 8 millones de dólares para las indemnizaciones, suma que originalmente planteado el poder ejecutivo al parlamento.
Se trata de menos de la cuarta parte de la deuda de 42 millones de dólares demandada por los trabajadores.
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