6 de septiembre de 2016 - 00:00 Asamblea Uruguay emitió un comunicado con su "posición oficial" ante la crisis interna que enfrenta tras acusaciones cruzadas entre dos de sus fundadores. Uno de ellos, el vicepresidente Danilo Astori y el otro, Jorge Orrico, ex legislador y ahora ex presidente del Sodre, removido del cargo a pedido del primero.
Según informó El País, el sector acusó ante el BPS a Orrico de no abonar en los últimos 20 años los aportes jubilatorios de su secretaria, Graciela Valdivieso y por ello se le retiró la confianza política. Dicha decisión significó que el Ministerio de Educación y Cultura le solicitara la renuncia al Sodre.
Conocida la medida, Orrico aclaró en diálogo con el citado medio que no le correspondía a él ni pagarle ni hacer los aportes de su secretaria, puesto que por mecanismo sectorial, los legisladores de Asamblea Uruguay renuncian a la partida de secretaría que cobran en el Parlamento y la ceden al sector, que se encarga de los haberes de los secretarios y sus eventuales aportes al BPS.
Orrico indicó que tal mecanismo rige para todos los legisladores del sector.
Su secretaria recibía mensualmente su pago, pero al acudir al BPS para iniciar su trámite jubilatorio, se encontró con que no se le habían realizado los aportes correspondientes desde 1996.
Ante esto, el BPS citó al sector a declarar y sus representantes indicaron que Orrico es quien debía haber hecho los aportes. El ex presidente del Sodre, por su parte, declaró lo contrario y tras ello, el sector le retiró la confianza.
Valdivieso, su secretaria, dijo a El País que su sueldo era pago directamente por Asamblea Uruguay y que Orrico, nunca manejó la partida de salarios ni le abonó el sueldo.
En la declaración oficial del sector, emitida en la tarde de este martes, se sentencia que "no es un tema para discutir a través de los medios de comunicación dado que es un reclamo netamente administrativo que corresponde a BPS".
Asimismo, se reitera que los secretarios de los legisladores son dependientes de las personas y no de la organización política y que el legislador es quien determina y le indica a la organización qué, cómo y a quién debe pagar, "o sea que el pago se realiza por cuenta y orden del legislador".
Por su parte, el Inspector Nacional de Trabajo y también miembro de Asamblea Uruguay, Gerardo Rey, dijo que si bien no hay una denuncia en la Inspección del Ministerio, "por el conocimiento público que tomó la denuncia" vale decir que se inició una investigación en el BPS para esclarecer la situación.
Además, recalcó que "todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad social y que no se debe aceptar que se diga que los empleados aceptaron tal o cual situación que evita lo aportes". "Es poco relevante si era una relación consensuada o aceptada y en este caso es lo mismo", sentenció.
"Si hay falta de aportes a la seguridad social, sea un partido o un empresario, tiene que responder", finalizó.
Por contrario, el diputado Alfredo Asti consideró en diálogo con Radio Sarandí que las declaraciones de Orrico "son poco creíbles" y que "cada legislador determina qué funcionarios van a ocupar su secretaría. qué salario corresponde dentro de cada partida, cuánto gana sus funcionarios y los aportes que se realizan".
Además, expresó que "es poco creíble (...) y casi teatral decir que no se sabía si se realizaban aportes o no porque hay recibos con el detalle de lo que corresponde a cada funcionario".