La posible creación de un Ministerio de Justicia, que fue defendida en las últimas horas por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, no consigue unanimidad entre los principales actores.
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SUSCRIBITEEl expresidente de la SCJ dijo que “trae recuerdos muy dolorosos” y el legislador nacionalista opinó que “es una herida muy fuerte para la democracia”.
La posible creación de un Ministerio de Justicia, que fue defendida en las últimas horas por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, no consigue unanimidad entre los principales actores.
Si bien el presidente Yamandú Orsi aclaró que la iniciativa no estaría incluida en la ley de Presupuesto, sino que debería discutirse independientemente, ya hay voces que se pronunciaron en contra.
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, recordó que durante la última dictadura hubo un Ministerio de Justicia, que tenía jurisdicción sobre el Poder Judicial.
Ese ministerio, dijo, “se utilizó para avasallar y humillar al Poder Judicial que llevó a que se destituyeran prestigiosos colegas, jueces, actuarios, defensores, funcionarios de todas las jerarquías, no por cometer delitos sino por sus ideas”.
Para Chediak, un Ministerio de Justicia “tiene no solo mala fama sino que nos trae recuerdos muy dolorosos a quienes peinamos canas. Fue una época nefasta del Uruguay”.
También se pronunció en contra el senador nacionalista Javier García. que opinó que “el Ministerio de Justicia es una herida muy fuerte a la democracia, porque supondría terminar con la independencia del Poder Judicial y arrodillar a la Justicia frente al Gobierno”.
Para el legislador blanco, “es poner a los jueces sometidos y subordinados al Gobierno, es terminar con la República. La Constitución es muy sabia, porque es democrática. Defiende y proclama la separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
García recordó que “en Uruguay ya hubo Ministerio de Justicia: en dictadura. Nunca más. Ni dictaduras ni ministerio de Justicia que terminen con la independencia de la democracia” que “termina con la independencia de los jueces y con las garantías de los ciudadanos”.
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