En 2015, una mujer de la ciudad de Treinta y Tres impulsó una colecta para costear el tratamiento cardíaco de su hija en Estados Unidos. A partir de ese pedido se conformó la comisión denominada Grupo Por la Vida, que recaudó 180.000 dólares.
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SUSCRIBITEUna colecta en Treinta y Tres dejó US$ 30.000 sobrantes, se usaron en otro caso y ahora la primera beneficiaria reclama el dinero en la Justicia.
En 2015, una mujer de la ciudad de Treinta y Tres impulsó una colecta para costear el tratamiento cardíaco de su hija en Estados Unidos. A partir de ese pedido se conformó la comisión denominada Grupo Por la Vida, que recaudó 180.000 dólares.
La adolescente fue trasladada al exterior y el tratamiento tuvo un costo de 150.000 dólares. Tras la recuperación, quedaron unos 30.000 dólares sin utilizar.
Según relató uno de los integrantes de la comisión, Enrique Dávila, desde el inicio se había planteado que el dinero sobrante sería destinado a otro caso. “Siempre con el objetivo que era la operación de Verónica y el sobrante, o sea, lo que no se gastara quedaba para otro caso”, señaló.
Un año después, otra adolescente de 15 años, también de Treinta y Tres, solicitó apoyo económico para realizar un tratamiento oncológico en el Hospital Sírio-Libanês, en Brasil. La comisión resolvió transferir el dinero restante directamente a ese centro de salud. “Se hizo una transferencia directamente al Ciro Livanés, donde están los comprobantes”, afirmó el integrante del grupo.
La joven falleció tiempo después. Con el paso de los años, la primera beneficiaria inició acciones judiciales al considerar que los 30.000 dólares remanentes le correspondían.
La Justicia de Treinta y Tres condenó en primera instancia a los integrantes de la comisión a abonar una suma cercana a los 30.000 dólares, lo que implica unos 4.000 dólares por cada miembro.
La comisión apeló la sentencia. También lo hizo la demandante, quien reclama una suma mayor. El abogado del grupo explicó que la pretensión económica “supera los 190.00 0dólares” y que, en caso de prosperar, “seguramente supere los 350.000 dólares”.
“Entendemos que la sentencia no se ajusta jurídicamente a lo que corresponde y ahora va a ser un tribunal de apelaciones quien va a resolver”, indicó el defensor.
En paralelo, estudiantes de la ciudad que habían reunido fondos para su fiesta de egresados resolvieron destinar ese dinero a la defensa judicial de la comisión. El caso quedó ahora a estudio del Tribunal de Apelaciones.
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