29 de septiembre de 2025 - 17:06 En la reunión de la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del sábado, autoridades de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentaron un articulado que establece la creación del Instituto de Bienestar Animal (INBA) como persona de derecho público no estatal.
El ministro Alfredo Fratti justificó la modificación radical del estatus del Instituto argumentando que las figuras anteriores no habían brindado los resultados esperados. Señaló que la nueva estructura es necesaria para manejar la "especificidad tan grande" del bienestar animal, un concepto que abarca las especies productivas, las mascotas y las silvestres (incluyendo las del zoológico).
Además, la reforma busca dar un mensaje hacia el exterior de que Uruguay "cuida el bienestar de los animales" en un contexto donde los "requerimientos internacionales cada vez son más importantes".
Una historia de inestabilidad institucional
El diputado colorado Conrado Rodríguez recordó que el Instituto se creó en 2009 (Ley n.º 18.471) y ha pasado por múltiples reubicaciones, comenzando como un órgano desconcentrado en el Ministerio de Educación y Cultura y luego siendo trasladado al MGAP, lo que lo ha llevado a ser catalogado como la institución "más ninguneada".
Según la Dirección de Jurídica del MGAP, el nuevo INBA se regirá por una Junta Directiva y una Dirección Ejecutiva, con un controlador administrativo que velará por la juridicidad, oportunidad y conveniencia de sus actos. Además, se señaló que el articulado no difiere en su mayoría de los ya existentes para otros institutos como INAC o Inale.
En cuanto al financiamiento, el Artículo 275 realiza un ajuste a la tasa de producción e importación de alimentos de perros y gatos, con la intención de destinar hasta el 80 % de lo recaudado al Instituto.
Complejidad y tratamiento especial
El punto más polémico de la sesión, en torno a esta propuesta, se centró en la situación laboral de los empleados actuales. El INBA cuenta con veintiún funcionarios de los que dolo cinco son presupuestados. De esos cinco, solamente dos pertenecen al Ministerio de Ganadería.
La mayoría, unos dieciséis empleados, fueron contratados bajo diferentes modalidades (ej. organismos multilaterales o cooperativas) y no están presupuestados.
En este marco, hay preocupación en el ámbito legislativo debido al reclamo de pérdida de respaldo jurídico y presupuestal. Los funcionarios temen que, al pasar a la nueva figura de derecho público no estatal, tengan que renunciar a sus derechos como funcionarios públicos.
Ante esta y otras complejidades que presenta el articulado, los legisladores de la oposición solicitaron formalmente el desglose de los artículos referentes al INBA (263 al 275). Sostuvieron que no es adecuado discutir este tema en el marco del Presupuesto, teniendo en cuenta la magnitud que simboliza al reforma.
Es así que hubo compromiso para discutir el tema en profundidad y a la brevedad en la comisión especializada, o en la Comisión de Constitución, con el fin de convocar a todos los actores involucrados y analizar las consecuencias jurídicas y laborales del cambio.