La Justicia formalizó la investigación sobre nueve militares por la causa del asesinato del médico Vladimir Roslik, ocurrido en abril de 1984, el último detenido asesinado por la dictadura.
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SUSCRIBITELa Justicia formalizó la investigación sobre nueve militares por la causa del asesinato del médico Vladimir Roslik, ocurrido en abril de 1984, el último detenido asesinado por la dictadura.
Tres de los militares, O.M.R.B., S.H.C.B. y A.E.P.C., fueron imputados por reiterados delitos de privación de libertad, en reiteración real con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, y los anteriores en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de privación de libertad, en calidad de coautores, informó la Fiscalía en un comunicado.
R.R.A. y J.R.S.F. fueron imputados por reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, y estos en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves, y los anteriores en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de privación de libertad, en calidad de coautores.
D.E.C.L., R.G.C.B. y L.P.E.S. fueron imputados por reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, y estos en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves, y los anteriores en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de privación de libertad, en calidad de coautores.
E.S.P. fue imputado por reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, y estos en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves, y los anteriores en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de privación de libertad.
El fiscal espacializado en crímenes de lesa humandidad, Ricardo Perciballe, había solicitado como medida cautelar la prisión preventiva de todos los imputados, pero la jueza actuante la rechazó y dispuso para los imputados la obligación de fijar domicilio, de presentarse una vez por semana en la seccional policial, el uso de dispositivo de monitoreo electrónico y la prohibición de abandonar el país, todo por el plazo de 180 días.
Además, como medida de protección para las víctimas, se decretó la prohibición de acercamiento y comunicación hacia las víctimas también por 180 días y por un radio de 500 metros.
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