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SUSCRIBITEUn informe de Infocasas publicado en 2024 indica que el 83% de las viviendas promovidas fueron adquiridas por inversores y solo el 17% por usuarios finales.
El Gobierno uruguayo está evaluando modificaciones a la Ley de Vivienda Promovida, con el objetivo de revisar los beneficios tributarios otorgados a los inversores y la pertinencia de incluir determinadas comodidades en los proyectos de construcción, como piscinas, amenities o incluso ascensores.
La propuesta figura en un documento elaborado por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y presentado ante la Comisión Asesora de Vivienda, un organismo que reúne al Estado, organizaciones sociales y actores privados. Esta comisión fue reactivada recientemente por el gobierno de Yamandú Orsi, tras una década de inactividad.
Promulgada en 2011 durante el gobierno de José Mujica, la ley de vivienda promovida buscó facilitar el acceso de la clase media a viviendas a menor precio, mediante incentivos fiscales a quienes invirtieran en su construcción. Si bien esta política impulsó la reactivación de barrios como Cordón y La Blanqueada y generó empleo en el sector de la construcción, dentro del Frente Amplio persiste la percepción de que no logró cumplir con su objetivo principal. Según esta visión, los precios de las viviendas no disminuyeron significativamente y en algunos casos se mantuvieron congelados.
Un informe de Infocasas publicado en 2024 indica que el 83% de las viviendas promovidas fueron adquiridas por inversores y solo el 17% por usuarios finales. En muchos casos, la clase media accedió a estos hogares mediante alquileres y no mediante la compra de una propiedad.
El documento de la ANV también destaca casos en los que proyectos se beneficiaron doblemente de exoneraciones fiscales, al ampararse tanto en la Ley de Inversiones como en la de Vivienda Promovida. Asimismo, se propone limitar las zonas donde pueden desarrollarse este tipo de construcciones, señalando el crecimiento observado en lugares como Ciudad de la Costa y Punta del Este.
Otro aspecto abordado es la reglamentación aprobada en 2020 por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que facilitó la incorporación de amenities en los edificios, lo que, según la ANV, encareció los costos de las viviendas.
El nuevo documento propone revisar la inclusión de piscinas en complejos con más de 20 unidades habitacionales y restringir el uso de ascensores en edificios de hasta dos o tres pisos. También se sugiere limitar los proyectos compuestos exclusivamente por monoambientes o unidades de un dormitorio, dado que en su mayoría se destinan al alquiler.
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