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SUSCRIBITETras el caso de denuncia falsa contra Yamandú Orsi, la gremial de abogados manifestó que interpretaciones vinculadas a la “ideología de género” limitan el poder de control de jueces y defensas.
Abogados penalistas piden modificar Nuevo Código del Proceso Penal
La Asociación de Abogados Penalistas emitió un comunicado este lunes, en el que alude, sin mencionarla, a la denuncia contra el precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, acusado de abusar sexualmente de una mujer trans.
La nota de la gremial de abogados manifiesta la “necesidad de realizar profundas modificaciones al proceso penal y todas las normas que establecen pautas de interpretación o valoración de la prueba que vienen violando los principios de igualdad y averiguación de la verdad material, esenciales para que exista un proceso justo”.
Según la asociación, “las normas del Nuevo Código del Proceso Penal, la ley 19580 y sus erróneas interpretaciones propiciadas por determinados operadores y organizaciones que reivindican la ideología de género, han venido limitando el poder de contralor de los jueces y la defensa para que se conozca la verdad, generando múltiples situaciones de injusticia”.
En ese sentido, estima que “la visualización de la falta de garantías en estos casos notorios, que afecta a políticos de distintos partidos, son una ínfima parte de los que ocurren todo el día en el sistema, siendo demostrativo de lo poco fiable que es privilegiar la versión de una parte por su género u orientación sexual o el ocultamiento de identidades o pruebas que impidan a la contraparte saber quién la denuncia o acusa, cuando lo que debe primar es la transparencia por la averiguación de la verdad material”.
El comunicado de la asociación sostiene que “las garantías tradicionales en las sociedades democráticas son fruto de siglos de evolución del derecho” y que “en la práctica se ha visto que están siendo mal aprovechadas para la persecución de fines espurios”.
La asociación recuerda que presentó un proyecto de reforma del Código de Proceso Penal y conformó una comisión con operadores del sistema y docentes, “conocedores de la realidad penal, para una reforma integral del sistema”, con el centro en “la igualdad y la verdad material”.
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