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Justicia

Abogado de familia de Milagros Chamorro denunció a la Fiscalía por cómo se comunicó el archivo de la causa

Santiago Mirande dijo que la Fiscalía “le envió un mensaje de texto” y “a los tres días se suicidó” y adelantó que “en breve” presentará denuncia civil contra los denunciados.

El abogado presentó una demanda ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por la forma en la que la víctima fue notificada del archivo de la causa, dado que, según detalló, solo recibió un mensaje de texto.

“El sistema de comunicación de la Fiscalía General de la Nación le envió un mensaje de texto a Milagros diciéndole ‘su caso se archivó’ y a los tres días se suicidó”, dijo Mirande, y apuntó que “eso lo hace con todas las víctimas; por eso hicimos una denuncia ante la INDDHH, que resolvió aceptar la denuncia e intimar a Fiscalía a que mejore su sistema”.

El profesional planteó que, si la Fiscalía “decide archivar” un caso, “convoque a una víctima de esta índole a una reunión personal, con la Unidad de Apoyo a las Víctimas. A su vez, que el texto sea un poco más ameno, explicando que se archivó pero puede haber una reapertura”.

En cuanto al caso por violación, desde el punto de vista penal, la defensa aguarda por la citación a los denunciados.

Tal como informó Telenoche, uno de los indagados presentó un escrito ante Fiscalía en el que detalla dónde se habría consumado el abuso, algo que se volvería en contra de los indagados.

“En Maldonado se logró que declararan tres testigos clave que vieron los videos y fotos del acto sexual, difundidos por los propios denunciados que se jactaban de lo que habían hecho”, dijo Mirande, que adelantó que, en breve, el fiscal Sebastián Robles debería citar a declarar a los denunciados, “sin perjuicio de que uno de ellos se presentó voluntariamente a plantear hechos falsos”, y aseguró que la reunión donde fue la violación de Milagros había sido antes, para justificar que no era mayor de edad.

En otro orden, Mirande informó que, en poco tiempo, iniciará una acción civil contra los denunciados, el Estado y los padres de los denunciados.

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