5 de octubre de 2024 - 14:28 La dueña y una funcionaria del residencial incendiado en Treinta y Tres, señaladas por homicidio culpable complejo, permanecerán en arresto domiciliario total durante 180 días. Beatriz Berriel, abogada de las familias de los ancianos fallecidos, pretendía que la dueña del residencial y la trabajadora esperaren el juicio en la cárcel y no estuvo de acuerdo con la decisión de la jueza Nicole Sturla.
El siniestro fatal tuvo lugar el 7 de julio de 2024 y allí diez ancianos perdieron la vida. Ahora se espera que llegue el juicio oral y las dos mujeres formalizadas no pueden salir del país y deben usar tobillera. Además, tienen prohibido comunicarse entre ellas y con los familiares de las víctimas.
La postura de las víctimas
La fiscal Alicia Abreu anticipó que, si luego se dicta una condena efectiva para estas dos mujeres, seguramente van a estar en la cárcel durante ocho años por homicidio culpable.
Berriel, abogada de las víctimas, indicó a Telenoche: “Para nosotros estaban dados los supuestos, como había desarrollado en forma exhaustiva y muy bien fundamentada la fiscal, pero bueno, la jueza no acompañó y estas cosas suceden en el ámbito judicial”.
“Manifestamos nuestra disconformidad porque no tenemos el recurso procesal de la apelación. Por el momento en nuestra normativa actual, las facultades que tenemos son limitadas” describió.
Sin embargo, la defensora destacó conformidad con la actuación de la Fiscalía: “Desde un inicio las víctimas de los familiares que represento ejercieron las facultades que da el Código del Proceso Penal, que es solicitar diligencias, y también se solicitó que se formalizara por parte de la Fiscalía. Por ese lado estamos satisfechos, porque entendemos que el sistema de justicia está funcionando porque fue un hecho gravísimo, que entendemos que no puede quedar impune”.
“Nuestra disconformidad, es con que, si bien la fiscal solicitó la prisión preventiva, la jueza dispuso otras medidas en subsidio de la prisión preventiva porque entendió que no se daban los supuestos. “Para nosotros correspondía a la prisión preventiva”, sentenció Berriel.