El múltiple homicida Pablo Goncálvez quedará en libertad este jueves tras 23 años y cuatro meses de prisión. Si bien su condena era de 30 años, debido a su conducta y a que mientras estuvo recluido trabajó y estudió, la jueza penal de Lavalleja, Patricia Rodríguez, resolvió su excarcelación siete años antes por lo que en cualquier momento de este jueves podrá salir de la cárcel del Campanero, en Lavalleja.
La noticia generó polémica en la sociedad y desde la organización Mujeres de Negro se solicitó a las autoridades del Ministerio del Interior la difusión de una imagen actual del homicida, así como la certificación de que efectivamente fue rehabilitado.
Bonomi negó la difusión de su imagen y dijo que “no se debe hacer nada que entorpezca la situación, salvo que haya un hecho real que lo amerite”.
Entre el 1° de enero de 1992 y el 8 de febrero de 1993, Goncálvez asesinó a tres mujeres, de entre 15 y 26 años. Su primera víctima fue Ana Luisa Miller el 31 de diciembre de 1991, una profesora de historia de 26 años a la que secuestró después de un baile y asfixió. Luego arrojó su cuerpo en una playa de la costa de Canelones.
Nueve meses más tarde, en setiembre de 1992, volvió a cometer un asesinato: esta vez, la víctima fue Ana Gabriela Castro, de solo 15 años. La adolescente había salido a bailar a un boliche en Carrasco, al que Goncálvez asistía con frecuencia. Su cuerpo apareció 20 días después en la playa mansa de Punta del Este, también con señales de haber sido asfixiada.
Al año siguiente, el 8 de febrero de 1993, mató a su última víctima: María Victoria Williams, una estudiante salteña de 22 años que estaba viviendo en Montevideo. Ese día, ella esperaba el ómnibus en una parada, cuando él la llamó pidiéndole que lo ayudara porque su abuela se había desmayado. Al ingresar a la casa, la sofocó y luego la asesinó.
Finalmente, el 22 de febrero de 1993 fue detenido y meses más tarde condenado a 30 años de prisión. En este tiempo le fue negada en dos oportunidades la libertad anticipada por las pericias del Instituto de Criminología, que exhibían que “no existían signos manifiestos de rehabilitación”, según informó el país en agosto de 2012.
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