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Gobierno resolvió rescindir el contrato con la empresa Cardama por la compra de las dos patrulleras oceánicas

“Hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude”, dijo Yamandú Orsi, dado que la garantía de Cardama es “una empresa de papel”.

22 de octubre de 2025 - 19:35

El Gobierno anunció este miércoles la rescisión del contrato con la empresa española Cardama, encargada de la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, y la presentación de denuncias civiles y penales por presunto fraude.

El presidente Yamandú Orsi informó que “hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude”, por lo que se resolvió dar por terminado el acuerdo y remitir los antecedentes a la Justicia.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, explicó que Cardama “no cumplió” con las condiciones establecidas y que solicitó “sucesivas prórrogas” para presentar la garantía de fiel cumplimiento. “Cuarenta y cinco días se transformaron en once meses”, señaló.

Díaz agregó que la administración anterior “no contrató a un corredor de seguros” y que la garantía presentada por Cardama “fue fuera de plazo, en inglés, sin traducir, sin apostillar ni certificar”, lo que fue advertido por el Estudio Delpiazzo.

El jerarca indicó que, tras iniciar el proceso de ejecución de la garantía, el embajador uruguayo en el Reino Unido constató que la financiera indicada no existía y que la firma Eurocommerce, que ofrecía la cobertura, está en proceso de liquidación. “Tiene como único director a un ciudadano ruso y casi sin actividad registrada. Todo indica que se trata de una empresa de papel”, afirmó Díaz.

Por ese motivo, el presidente Orsi resolvió iniciar la rescisión del contrato por incumplimiento y avanzar con las acciones judiciales correspondientes en tribunales nacionales.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, recordó que la contratación de Cardama “fue cuestionada desde un inicio” por las dudas sobre la capacidad real del astillero para cumplir con el acuerdo. “Demoró once meses en constituir sus garantías y no se verificó si la empresa que las ofrecía tenía solvencia”, señaló.

Sánchez adelantó que se realizará una investigación para determinar si existieron responsabilidades de funcionarios públicos en la firma del contrato. “Estamos frente a un hecho muy grave”, subrayó.

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