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SUSCRIBITEEl abogado Pablo Schiavi explicó en entrevista con Telenoche que la comuna “no podría aplicar sanciones basadas en una plataforma privada”.
Se abrió un debate jurídico sobre la legalidad y constitucionalidad del sistema que la Intendencia de Montevideo implementará para aplicar multas mediante las cámaras instaladas en los ómnibus. Algunos abogados sostienen que el mecanismo podría no ajustarse a derecho.
El abogado Pablo Schiavi explicó en entrevista con Telenoche que la comuna “no podría aplicar sanciones basadas en una plataforma privada”. Según dijo, “es bastante cuestionable que se utilice un privado como intermediario, en este caso el medio de transporte público, para ejercer una potestad que es propia de un ente público como la Intendencia”.
Schiavi señaló que “habría que revisar bajo qué contrato o acuerdo se transfiere esa potestad, ya que si bien la empresa de transporte no termina multando, se multará en función de la información que le aporte a la Intendencia”.
EL abogado añadió que “la empresa es controlada por la propia Intendencia, por lo que se genera un gris jurídico y no sería conveniente usar a un privado para cumplir un rol de la administración pública”.
Mientras tanto, la Intendencia de Montevideo avanza en la instalación de carteles de señalización y la empresa Cutcsa comenzó las pruebas piloto del sistema, que servirán para detectar infracciones y verificar el uso del carril “Solo Bus”. La fiscalización comenzará en diciembre.
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