Dramática situación en las ONG socias del Estado: obligadas a negar ayuda y con déficits para pagar salarios

La presidenta de la Comisión reconoció la labor de estas organizaciones, señalando que ejecutan acciones concretas en las que el "Estado no llega" o "no puede cumplir", actuando como "socios del Estado". No obstante, muchas de ellas operan al límite, dependiendo del trabajo voluntario, beneficios y rifas para subsistir.

Hogares de ancianos

Instituciones como el Hogar de Ancianos de Palmitas (Soriano) operan con déficit y dependen de "beneficios y rifas" para pagar sueldos e impuestos. El de Cardona recibe un aporte anual de $260.000, lo que equivale a solo $355 por residente por mes, solicitando que esta cifra aumente a $1.000 por residente mensual.

El Hogar Ginés Cairo Medina (Maldonado) prioriza la calidad del servicio, pero reporta un desfasaje de unos $800.000 en su balance, lo que dificulta reformas edilicias. Además, denunciaron que un proyecto de reforma de baños presentado al BPS lleva dos años sin resolverse.

Inclusión y discapacidad

Los centros de atención a personas con discapacidad denunciaron operar con recursos insuficientes para cubrir sus gastos diarios, que incluyen servicios sociales, técnicos y de traslado.

Taller Recreativo de La Paloma (Rocha), el único espacio gratuito en el departamento, trabaja "a pulmón". Sus gastos fijos de operación oscilan entre $90.000 y $95.000 mensuales, recibiendo apoyos fijos de la Intendencia y el Municipio que suman $63.000. Para funcionar bien, necesitarían ingresos mensuales de $130.000 a $140.000. Además, asisten a familias en "contexto crítico" con canastas, ropa y medicamentos.

En Montevideo, el Centro Horizonte, que atiende a 100 usuarios con parálisis cerebral severa, se ve "totalmente restringida" en su capacidad de crecimiento institucional debido a que su sede data de los años cuarenta. La limitación de espacio y presupuestal impidió responder a una petición del Mides para atender a jóvenes mayores de 18 años que egresan del convenio con INAU.

Por otro lado, la Asociación Civil Maestra Juana Guerra (Maldonado) advirtió que la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad (Ley 18.651), que promueve la creación de hogares con internación total, no ha sido reglamentada con una contrapartida económica por parte del Mides. Temen que, ante la disminución del apoyo de la sociedad civil, la institución necesite apoyo presupuestal para sostenerse.

Protección animal

La Asociación Civil Protección y Defensa de los Animales (Prodea) de Salto, que alberga 600 perros, denunció una crisis que ha llevado a su presidenta a proponer una medida desesperada. La organización tiene un presupuesto mensual superior a los $700.000, de los cuales solo $400.000 son para la alimentación de los animales. La Intendencia de Salto aporta solamente $60.000.

La presidenta de Prodea consultó directamente a los legisladores: "¿Les suelto los 600 perros a Albisu?" (el intendente). Argumentó que la inacción del Estado evita accidentes de motos, mordeduras y la propagación de enfermedades.

Asimismo, la asociación se opone "terminantemente" a las sugerencias de eutanasiar animales (como solución para reducir costos o números), salvo por indicación médica terminal, por considerar que no es una mentalidad que una protectora debe tener.

Redacción Telenoche en base a versión taquigráfica.