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SUSCRIBITELa expansión de redes criminales y el impacto en jueces, fiscales y territorios motivan llamados a reforzar la respuesta estatal en Uruguay.
Expertos internacionales participaron en Montevideo de un encuentro convocado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, donde se analizó el avance del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, en un contexto marcado por el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
Durante la actividad se plantearon advertencias sobre la situación de jueces y fiscales en distintos puntos del país.
John Pérez Brignani, presidente de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que “los jueces penales de crimen organizado tienen custodia, los demás en el interior no tienen custodia”. En la misma línea, la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, señaló: “Yo tengo custodia, pero el 90% de mis compañeros y sobre todo los que están en el interior están solos”.
Morales agregó que “el sistema entero no nos escucha” y que la situación se viene planteando “al menos desde 2017”.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que “el crimen organizado avanza demasiado rápido y corremos riesgos”, y destacó el fortalecimiento de la coordinación con Argentina, Paraguay y Brasil.
Por otro lado, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que “la persecución del lavado de activos está en la base de cualquier estrategia de lucha contra el narcotráfico” y que sin herramientas para seguir la ruta del dinero “difícilmente podrá combatirse eficazmente a los grupos organizados”.
El panel incluyó la exposición sobre la situación en Rosario, Argentina, donde clanes criminales expandieron su influencia desde las cárceles. El periodista e investigador Germán de los Santos señaló que las bandas lograron poder a partir de la violencia y que la ciudad vive el accionar de varios grupos enfrentados o asociados. “Bandas que se asociaron, que eran enemigas y que después formaron una especie de cooperativa criminal”, indicó. Según relató, algunas de estas organizaciones ejecutaron ataques contra personas sin vínculo con el conflicto.
Las autoridades de Santa Fé endurecieron las medidas de reclusión para los líderes de estas organizaciones, quienes fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad y unidades de aislamiento. El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que los integrantes de esas bandas “están detenidos, con sus miembros trasladados a cárceles federales”.
En el encuentro también se analizó la situación en Colombia, donde se registran fenómenos de gobernanza criminal en barrios sin presencia estatal y el reclutamiento de menores utilizados como sicarios.
El experto Carlos Chacón advirtió que cuando grupos criminales controlan territorios “el fenómeno va a crecer, no va a parar”.
Además, sostuvo que el reclutamiento de adolescentes es una práctica que requiere una respuesta integral y una revisión legislativa: “Cuando hablamos de jóvenes de 16 o 17 años que tienen capacidades cognitivas para razonar y tomar decisiones, deberían ser juzgados como adultos”.
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