Amnistía internacional denuncia las condiciones de las cárceles

De acuerdo con esto, añade que, según el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, la población de las cárceles "aumentó de forma constante" y al concluir el año era de 14.497 personas.

Agrega que en 2022 el país presentó la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América Latina y que el contexto en el que se encontraban los reclusos era de "unas condiciones de enorme insalubridad y hacinamiento".

Por otra parte, el informe de Amnistía Internacional habla sobre las desigualdades socioeconómicas en Uruguay y subraya que estas «se agravaron como consecuencia de la pandemia» de la covid-19.

«Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el 7,3 % de la población sufría inseguridad alimentaria grave», explica el documento.

Asimismo, el informe destaca que Uruguay descendió 26 lugares en el ránking de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de expresión, pasando del lugar 18 al 44, según el resumen de la agencia de noticias EFE.

"En un informe publicado en 2022 se señalaba que durante 2021 se habían registrado 51 casos de amenazas a periodistas y que al menos 2 periodistas y medios de comunicación se enfrentaban a acciones judiciales por el contenido de sus investigaciones", explica.

A su vez, añade que personas que ocupaban cargos públicos -entre ellos ministros y senadores- continuaron «utilizando lenguaje estigmatizante con respecto a periodistas y medios de comunicación».

El estudio también apunta que, según algunas ONG, varias solicitudes de información pública no obtuvieron respuesta o la que recibieron no fue satisfactoria.

En otro apartado, el documento de Amnistía Internacional hace referencia a la acusación formal del jefe de seguridad del presidente, Luis Lacalle Pou, por falsificación de pasaportes e indica que con esta salieron a la luz «presuntos actos de espionaje contra dos senadores de la oposición», casos de "vigilancia ilegal de civiles" y «supuestos actos de corrupción policial» que constituían «señales preocupantes de una crisis institucional».

Finalmente, el texto sostiene que, según el Ministerio de Salud Pública, la tasa de suicidios aumentó un 25 % en el primer semestre de 2022 con respecto al mismo período de 2021.

"Cuando ya habían transcurrido cinco años desde su aprobación, la Ley de Salud Mental aún no se había reglamentado adecuadamente, lo que repercutía de forma negativa en el acceso a los servicios de salud mental", concluye.