Todo lo que tenés que saber sobre el plebiscito de la seguridad social, punto por punto

¿Cuántas papeletas hay?

Una sola papeleta de color blanco por el Sí. No existe una papeleta por el No.

Si no estoy de acuerdo con el plebiscito, ¿qué hago?

No introducir ninguna papeleta de color blanco en el sobre.

¿Qué propone el plebiscito de la seguridad social?

El texto a plebiscitar establece la edad mínima para jubilarse en 60 años, volviendo atrás la ley 20130 de 2023 que la estableció en 65 años para los nacidos a partir de 1977.

Además, equipara las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional y elimina las disposiciones legales de la ley 16713 de setiembre de 1995 sobre la existencia de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Todos estos cambios se introducirán en la Constitución de la República, sustituyendo el artículo 67 de la Carta Magna.

Estos tres puntos a incluir en la Constitución son, según dijo Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, “medidas cautelares de protección para la gente”.

¿Quiénes impulsan y apoyan el plebiscito?

El PIT-CNT, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y otras organizaciones sociales; Partido Comunista del Uruguay (PCU, Frente Amplio), Partido Socialista (PS, Frente Amplio), Partido por la Victoria del Pueblo (PVP, Frente Amplio), Unidad Popular-Frente de los Trabajadores, Identidad Soberana y otros partidos y sectores políticos.

¿Quiénes están en contra del plebiscito?

Los integrantes de las fórmulas y los sectores de los partidos que integran la coalición de gobierno (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente), la fórmula del Frente Amplio y los principales sectores que integran esta fuerza política (MPP, Seregnistas, La Amplia y otros) y diversas cámaras empresariales.

Edad jubilatoria

La papeleta señala, en su inciso 7, que “las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios, continuos o interrumpidos sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan las normas, y que resulten más beneficiosos para el trabajador”.

Esto vuelve atrás la modificación introducida por la ley 20130, que establece, de manera progresiva, un aumento de la edad jubilatoria: quienes nacieron en 1973 podrán jubilarse a los 61 años, los nacidos en 1974 a los 62 y así sucesivamente hasta la generación 1977 en adelante, que solo lo podrán hacer con 65 años cumplidos.

¿Por qué se defiende establecer la edad mínima jubilatoria en 60 años y fijarla en la Constitución?

Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, dijo que “en medio de una revolución tecnológica que reduce el tiempo necesario de trabajo para producir cualquier bien, está bueno que la gente se jubile a los 60 años, porque ayuda a combatir el desempleo juvenil y le da a la gente la oportunidad de una vida mejor”.

Uno de los argumentos de los impulsores del plebiscito es que “es bastante difícil mantener el empleo a tiempo completo hasta el final de la vida laboral”. Así lo dijo Abdala en una nota recogida en la web del PIT-CNT, en la que agrega que “después de los 50 años, si alguien pierde su empleo, es sumamente difícil reinsertarse en el mundo laboral en condiciones iguales a las que tenía”.

Los impulsores de que la edad de retiro se establezca en los 60 años apuntan, además, que los sectores más pobres de la sociedad tienen una menor esperanza de vida que quienes se encuentran en el quintil más rico de la sociedad.

¿Cuál es el argumento contrario a bajar la edad mínima de jubilación a los 60 años?

Este punto fue rebatido por un informe del Partido Colorado, firmado por el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, y el diputado Conrado Rodríguez.

El documento señala que la edad de retiro a los 60 años se implementó hace “100 años, cuando la expectativa de vida era de 50”. Para los colorados, establecer la edad mínima como “norma rígida” en la Constitución afecta “la racionalidad” del avance médico. En el mismo sentido se expresó el expresidente José Mujica, quien señaló que “los cambios en la organización del trabajo son inevitables y constantes y entonces lo peor que se puede hacer es aferrarse a algo rígido como la Constitución”.

La propuesta también fue cuestionada por un grupo de 111 economistas y técnicos asociados al Frente Amplio (entre ellos el eventual ministro de Economía de Yamandú Orsi, Gabriel Oddone) que en el documento “Frenteamplistas por el No” señalan que “la promesa del plebiscito de jubilarse a los 60 años no se cumple para la mayoría de quienes trabajan. Ni la ley del gobierno ni el plebiscito solucionan el problema de quienes no podrán jubilarse a esa edad por no tener suficientes años de aportes, problema que afecta a la mitad de los que hoy trabajan, sobre todo los de menores ingresos y peores condiciones laborales, especialmente las mujeres. Tampoco resuelve el problema de los que no podrán jubilarse ni siquiera a los 70 años, que afecta a uno de cada tres trabajadores, que tendrán que aspirar, sólo si son lo suficientemente pobres, a una pensión a la vejez”.

Además, el economista Gonzalo Zunino, director del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), escribió un artículo en el que afirma que, de volver la edad de jubilación a los 60 años, se limitaría la “posibilidad de tomar medidas que apunten a favorecer un retiro más tardío. Con la fijación de los parámetros de edad y contribuciones para generar causal jubilatoria, si los futuros gobiernos buscaran generar un escenario tendiente a favorecer un retiro más tardío, la única opción disponible sería establecer un marcado esquema de incentivos a partir de las tasas de reemplazo. Si bien la postergación del retiro vía incentivos es una forma de ajuste deseable, limitar de forma importante la ‘caja de herramientas’ de los próximos gobiernos puede favorecer escenarios de ajuste de peor calidad”.

¿Por qué equiparar la jubilación y la pensión mínima al salario mínimo nacional?

El documento “La seguridad social como un derecho humano fundamental. El camino de la reforma constitucional”, publicado por la comisión Afirmá tus derechos, señala que “garantizar a todo jubilado y pensionista un ingreso mínimo equivalente al salario mínimo nacional, que por definición es el piso mínimo de ingresos al que tiene derecho una persona para asegurarse un nivel de vida suficiente, es una condición que Uruguay puede y debe hacer”.

El inciso 6 de la papeleta del Sí señala que “Ninguna jubilación, ni pensión podrá ser menor al valor del Salario Mínimo Nacional. Los ajustes de las jubilaciones y pensiones no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. El ajuste no podrá ser nunca inferior a cero”.

En declaraciones al portal del PIT-CNT, el presidente de la central sindical explicó que se toma el salario mínimo nacional como referencia porque este establece que “la persona no puede estar por debajo de ese nivel. Que es un valor por debajo del cual ya es inhumano estar, en términos de acceso a bienes y servicios. Por lo tanto, el centro es la persona, no la prestación. Y esto tiene que ser parte de conquistar la suficiencia de las prestaciones”.

En esa afirmación, Abdala salió al cruce de una las críticas que se hacen a la propuesta y que señala que, como la papeleta no lo indica, la equiparación sería por prestación y no por persona.

En el mismo sentido, y en declaraciones a En Perspectiva, el dirigente de Sintep Sergio Sommaruga aclaró que “es el ingreso mínimo indispensable para que una persona tenga acceso a los bienes y servicios fundamentales. La definición de salario mínimo está atada a la persona” y no a la prestación.

¿Cuáles son los argumentos contrarios a la equiparación de la jubilación y la pensión mínima al salario mínimo nacional (SMN)?

El ya citado documento de CINVE expresa que “el incremento de las pasividades mínimas, incluyendo no solo las jubilaciones sino también la pensión, presionaría el gasto desde el mismo momento en que entrara en vigencia la medida fortaleciendo el sesgo del gasto público social hacia mayores de 65”.

No solo el CINVE dio argumentos contra la fijación de la pasividad mínima equiparada al salario mínimo nacional en la Constitución de la República. El documento firmado por los Frenteamplistas por el No expresa que se pondrá en la Carta Magna “una referencia a una variable cuyo valor es fijado discrecionalmente por el gobierno de turno”.

Los Frenteamplistas por el No consideran que no hay garantías de que las pasividades mínimas aumenten o mantengan su poder de compra y, en cambio, generan el riesgo de que se opte por no aumentar el salario mínimo, perjudicando así a los trabajadores de menores ingresos.

El documento agrega que generará una injusticia entre pasivos, ya que aumentará cada una de las pasividades hasta el nivel del SMN, sin tener en cuenta el ingreso total de la persona, tal como quedó expresamente redactada la iniciativa a plebiscitar. “Causará una injusticia entre los propios pasivos y generará, principalmente por esta disposición, un costo adicional inmediato de 1.500 millones de dólares por año, que crecerá todos los años”, advierte.

Los cálculos que realizó el Banco de Previsión Social (BPS) y los técnicos del Partido Colorado van en el mismo sentido, y señalan que el costo de equiparar las pasividades al SMN será superior a los mil millones de dólares anuales.

Por su parte, el exministro de Trabajo y Seguridad Social y candidato a la Presidencia por el Partido Independiente, dijo en Todas las voces que, “si se aprueba, multiplica por cinco el aumento del déficit en los próximos 25 años, calculado por los técnicos del BPS” y que, para solventarlo, el Estado deberá incrementar los impuestos y aumentar los aportes a la seguridad social.

Ese discurso de Mieres es compartido por las principales figuras de la coalición. En el Frente Amplio hay posiciones distintas: el candidato a la Presidencia, Yamandú Orsi, que no acompaña la iniciativa, descartó la creación de más impuestos.

Así lo expresó luego de la conferencia de prensa que brindó el presidente Luis Lacalle Pou contra el plebiscito, donde afirmó que una suba de impuestos sería inevitable. “Quizá el abanico de herramientas que él tiene es lo suficientemente limitado para no imaginarse otra cosa que aumentar impuestos, a tal punto que subió el IVA con el uso de la tarjeta. No sería nada novedoso para él”, sostuvo Orsi”.

Por su parte, los impulsores del plebiscito sostienen que existen distintas formas de financiamiento que no pasen por la carga tributaria a los trabajadores y las personas de menores ingresos, y se explican en el próximo apartado, que tiene que ver con la eliminación de las AFAP.

Eliminación de las AFAP

El ya citado documento presentado por la comisión Afirmá tus derechos señala que “la supresión del lucro y la desprivatización es la vía regia para blindar de garantías institucionales el sistema previsional uruguayo. El modelo de las AFAP que rige en Uruguay (que solo existe en 12 países del mundo) es ineficiente, caro e inseguro".

El texto establece que para "la gran mayoría de las personas, las rentas vitalicias que se pagan por el sistema AFAP son absolutamente insuficientes: cuatro de cada diez que reciben renta por jubilaciones comunes cobran menos de 2.830 pesos, el 61 por ciento de los rentistas cobra menos de 5.660 pesos y ocho de cada diez perciben menos de 11.320 pesos. La mayoría de los países que en su momento escogió este modelo lo fue abandonando a la luz de sus limitaciones, inequidades y fracasos”.

¿Por qué se propone eliminar las AFAP, cuáles serían las consecuencias y qué ocurriría con el dinero que administran?

Marcelo Abdala dijo, en diálogo con el portal de la central sindical, que es preciso superar el “negocio redondo” para el capital financiero que representan las AFAP.

Estas, dijo, “se nutren de los aportes de los trabajadores, cobran comisiones por los depósitos que deben hacer y, en muchos casos, lucran comprando deuda pública del país, a la cual luego el Estado paga intereses de manera onerosa para la sociedad”.

En el mismo sentido, Abdala manifestó que la papeleta establece que los fondos administrados por las AFAP “pasen a través de un fideicomiso al BPS, que garantiza que nadie que esté en el régimen mixto pierda la liquidación de sus haberes en el nuevo régimen”.

En conferencia de prensa, Abdala se refirió a las pérdidas que, a juicio de los impulsores de la reforma, genera el sistema mixto para los trabajadores. El dirigente expresó que, hasta abril de este año, se jubilaron por este régimen 75.205 personas y que, según datos del BPS, 90% de estas personas –alrededor de 57.000– están cobrando como promedio 5.053 pesos a través de las AFAP y que 30% de ellas –más de 19.000– ni siquiera llega a cobrar 2.000 pesos.

Además, dijo que, durante el año pasado, “se desarrollaron transferencias a las AFAP por un importe de 1.467 millones de dólares” y esta año el guarismo es superior a los 900 millones de dólares.

Para Abdala, la eliminación del lucro a través de las AFAP no solamente eliminará la necesidad de asistencia financiera extraordinaria sino que permitirá que Rentas Generales “no tenga que cubrir el déficit de la seguridad social”. Y exhortó al sistema político que estos ahorros, que situó en casi “500 millones de dólares”, sean destinados efectivamente a la erradicación de la pobreza y, en particular, de la pobreza infantil”.

¿Cómo se financiaría la reforma?

Uno de los principales puntos que se cuestionan de la reforma que promueve la papeleta blanca por el Sí es la dificultad para su financiación.

Una publicación de la web del PIT-CNT del 23 de enero de este año señala que la actual reforma se implementó porque “la gente vive más y va a cobrar las prestaciones por más tiempo, y que no se pue­ den aumentar los gravámenes al capital porque afectarían la inversión y el crecimiento económico”.

En el mismo sentido, apunta que los aportes personales y patronales son la fuente principal de financiamiento de los programas de seguridad social pero, con la reforma, los trabajadores mantuvieron su tasa de aporte y las tasas patronales fueron, en general, a la baja.

Además, plantea que el sistema de previsión social tiene diversas exoneraciones de aportes patronales; algunas generales y permanentes y otras aplicables para determinadas empresas o actividades y por cierto tiempo y hay exoneraciones totales o parciales de impuestos al capital.

Estos (el Impuesto a las Rentas de las Actividades Empresariales -IRAE- y el Impuesto al Patrimonio -IP-) son superiores a la asistencia financiera neta al BPS, y el gasto tributario en zonas francas es casi la mitad de esa asistencia, por lo que, según el PIT-CNT, hay un espacio para reducir subsidios al capital en forma gradual.

Marcelo Abdala, presidente de la central obrera, graficó señalando que “en América Latina el porcentaje de renuncia fiscal por exoneraciones está en el entorno de un 3% y en Uruguay está en un entorno de un 6,5%”, más del doble que el promedio. También mencionó que “se dejan de cobrar por IRAE [impuesto a la renta de las actividades económicas] e Impuesto al Patrimonio un volumen de 2.000 millones de dólares”.

Contra la postura de los impulsores del plebiscito, el grupo de Frenteamplistas por el No sintetizó los pronunciamientos de los principales detractores de la propuesta, incluidos los candidatos de los partidos políticos mayoritarios y sus referentes más importantes.

En el documento ya citado, los economistas del Frente Amplio señalan que “un millón de trabajadoras y trabajadores tienen cuentas de ahorro, que administran las AFAP, en las que ingresan por año US$ 1.400 millones y tienen acumulados 23.000 millones de dólares. El BPS, a cambio del dinero que recibe de las cuentas de ahorro individual, quedará obligado a pagar pasividades mayores a las que se hubieran pagado por el sistema actual. Pero el BPS recibirá menos dinero del monto al que quedará obligado con los futuros jubilados, por lo que aumentará aún más su déficit previsional actual”.

Según los cálculos de los economistas del Frente Amplio, esos 23.000 millones de dólares se terminarían en menos de 15 años, aumentando el déficit previsional.

Además, asegura que financiar el costo adicional representaría la necesidad de duplicar el impuesto a la ganancia de todas las empresas, a multiplicar por cuatro los aportes patronales o a llevar el IVA al 35%.