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SUSCRIBITEEl subdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ariel Sánchez, se refirió a la investigación sobre los viajes del exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, junto con una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
Sánchez indicó que la investigación "recién está comenzando" y que al tratarse de una investigación administrativa su contenido tendrá carácter reservado hasta su finalización.
No obstante, Sánchez explicó que el procedimiento tiene como objetivo "esclarecer algunos hechos que puedan tener alguna implicancia desde el punto de vista de una irregularidad en la gestión pública".
"Son procesos garantistas a los efectos de determinar si hubo o no irregularidades en el sistema o en el proceso de la administración pública y eso implica parte de las garantías hacia los funcionarios y hacia la ciudadanía", agregó.
Además, explicó que mientras dure la investigación Toma permanecerá en su cargo en la Fiscalía de gobierno y que la indagación tiene dos procesos distintos: uno es determinar si hay una irregularidad y "de comprobarse una irregularidad se inicia un segundo proceso que es un sumario".
En caso de que se determine que hubo irregularidades, las autoridades pueden determinar su destitución, explicó Sánchez.
"Todos los funcionarios presupuestados de la administración central y presupuestados de los gobiernos departamentales para la destitución requieren la previa venia del Senado y en el caso de los funcionarios presupuestados de los gobiernos departamentales requieren la venia de la Junta Departamental", subrayó.
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