Diputados repudia violación de DDHH en Nicaragua

En la misma se manifiesta el "enfático repudio a las nuevas violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por el dictador Daniel Ortega, consistentes en sustituir la prisión arbitraria de la disidencia política por el exilio forzado, despojando brutalmente a cientos de nicaragüenses de sus derechos fundamentales".

Además se rechaza la decisión del gobierno de "retirarle la nacionalidad a un centenar de ciudadanos, todos ellos opositores al régimen y destacadas personalidades del mundo de la cultura, el periodismo y los derechos humanos. La condición de apátrida impuesta por el régimen a más de 300 ciudadanos, los coloca en una situación de vulnerabilidad e indefensión".

Por otra parte, la carta detalla que "estos hechos su suman a una larga lista de violaciones a los derechos humanos que desde hace años vienen ocurriendo en dicho país, que incluye la comisión de crímenes de lesa humanidad y la utilización del aparato estatal para asesinar, encarcelar, torturar y perseguir a toda persona que se oponga al régimen".

Por estos motivos "exigimos al dictador Daniel Ortega que cese con el terrorismo de estado y la violación de los derechos humanos, y a la comunidad internacional que levante su voz a fin de activar todos los mecanismos de protección, apoyo y respaldo a quienes están sufriendo las consecuencias de estos actos".

Según entienden en la exposición de motivos, la situación política en Nicaragua "se ha venido agravando en este último tiempo a raíz de la decisión del régimen autoritario que preside Daniel Ortega, de expulsar del país a más de 200 presos políticos y de retirarle la ciudadanía a casi cien opositores al régimen".

"Estos lamentables sucesos han merecido el repudio de la comunidad internacional y las organizaciones internacionales de derechos humanos. Esta situación se suma a una larga lista de violaciones a los derechos humanos que incluye la comisión de gravísimos crímenes y la continua persecución de la oposición política y social", agrega.

"Entendemos que la Cámara de Representantes debe pronunciarse una vez más sobre estos hechos, atento a la rica tradición democrática y de defensa de los derechos humanos de nuestra república", resume.