La implementación del nuevo esquema impositivo para envíos del exterior generó una drástica caída en el comercio electrónico durante mayo, mes en el que se procesaron un 46% menos de compras web en comparación con abril.
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SUSCRIBITETras la aplicación de cambios en el IVA, el volumen de paquetes cayó casi a la mitad en un mes. En la comparación interanual, la reducción fue del 39% respecto a mayo de 2025.
La implementación del nuevo esquema impositivo para envíos del exterior generó una drástica caída en el comercio electrónico durante mayo, mes en el que se procesaron un 46% menos de compras web en comparación con abril.
Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas, la retracción también se evidencia en términos interanuales, con una baja del 39% respecto al mismo mes de 2025, marcando el impacto inmediato de las modificaciones en el IVA orientadas a desalentar el volumen de envíos.
El volumen de encomiendas internacionales pasó de 315.825 unidades en abril a solo 169.697 en mayo. Actualmente, el régimen de franquicias permite realizar hasta tres transacciones anuales por un total de 800 dólares, con la posibilidad de agotar dicho cupo en una sola operación siempre que se abone el impuesto correspondiente.
Para mantener el acceso a estos beneficios, la autoridad aduanera estableció requisitos de control más estrictos. Los usuarios deben contar con una identidad digital y otorgar una autorización expresa para que las entidades administradoras de medios de pago informen a la Aduana sobre los datos necesarios para la fiscalización de las compras, que se concentran principalmente en los rubros de vestimenta, productos digitales, juguetes y artículos de decoración.
En paralelo a este nuevo escenario de consumo, el Banco Central del Uruguay (BCU) presentó un anteproyecto de ley que busca transformar el sistema financiero local mediante la creación de un modelo de "finanzas abiertas". La iniciativa parte del principio de que los usuarios son los únicos propietarios de los datos generados en sus transacciones y, por tanto, deben tener el control sobre ellos.
El proyecto propone una infraestructura regulada, segura e interoperable que permita a personas y empresas compartir su información financiera con instituciones registradas, siempre mediando un consentimiento previo y explícito. Según el BCU, este sistema no solo fomentará la competencia y la innovación en los servicios de pago, sino que también permitirá desarrollar mecanismos de evaluación de riesgo más eficientes, facilitando el acceso de la población al crédito formal.
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