16 de junio de 2026 - 18:24 En el marco del avance de la comisión investigadora por el caso Cardama, el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, denunció que la actual administración del Ministerio de Defensa no encontró registros documentales previos sobre el proceso de constitución de garantías de la empresa.
Ante este escenario, la oposición solicitó formalmente el acceso a los correos electrónicos de altos jerarcas de la cartera para reconstruir las comunicaciones mantenidas con el astillero y sus representantes legales.
Faltante de información
Según explicó Garlo, el expediente que maneja el Ministerio carece de respaldo documental propio sobre las "prórrogas interminables" que se le otorgaron a Cardama. El legislador señaló que la información disponible sobre el proceso fue proporcionada por el estudio Delpiazzo y no por archivos internos de la secretaría de Estado. "Cuando el gobierno llegó al Ministerio de Defensa, no había registro documental de todo este proceso", afirmó Garlo, detallando que la empresa presentó un total de cinco propuestas de garantías diferentes a lo largo del tiempo.
Para esclarecer el manejo del expediente, el Frente Amplio pidió hoy en la comisión que el Ministerio de Defensa envíe copias de todos los correos electrónicos enviados desde las casillas del Director General de Secretaría y del Director de Recursos Financieros. El pedido abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2025, con el fin de verificar los intercambios tanto con el estudio jurídico como con los representantes de Cardama en Uruguay.
Por otra parte, el legislador se refirió a la intención de la empresa de recurrir a un arbitraje internacional, lo cual calificó como una "chicana jurídica" sin validez formal. Garlo sostuvo que, según lo establecido, el arbitraje internacional solamente estaba previsto para cuestiones técnicas vinculadas a la construcción de los buques, y no para los conflictos derivados de las garantías o el incumplimiento contractual.
La comisión investigadora continuará analizando la documentación recibida mientras espera la respuesta del Ministerio sobre los correos electrónicos solicitados para determinar cómo se gestionaron las sucesivas extensiones de plazos a la empresa española.