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Cámara de Diputados

Cancelación del proyecto Neptuno: más de 20 horas de interpelación a Ortuño y declaraciones separadas

El Frente Amplio y Cabildo Abierto respaldaron al ministro; los partidos Colorado, Nacional e Independiente cuestionaron sus respuestas y pidieron alternativas.

Respuestas y alternativas

Ortuño concurrió a la Cámara de Diputados junto con el presidente de OSE, Pablo Ferreri, para explicar por qué se dejó sin efecto la propuesta impulsada por el anterior gobierno.

Entre sus argumentos, el ministro ratificó el martes que la cancelación del proyecto Neptuno fue “la mejor decisión” tomada por el gobierno. La iniciativa pretendía construir una planta potabilizadora en Arazatí para el suministro de agua al área metropolitana.

El Ministerio de Ambiente planteó como alternativa la construcción de la represa de Casupá, que tomará agua de la cuenca del río Santa Lucía y tendrá una capacidad de producción de 900.000 metros cúbicos de agua potable.

Partidos y declaraciones separadas

Por un lado, el Frente Amplio y Cabildo Abierto respaldaron al jerarca y a su equipo, al destacar que con 50 votos en 99 lograron una mayoría calificada de apoyo al rumbo del gobierno tras la cancelación del proyecto Neptuno. El coordinador de bancada del FA, Mariano Tucci, subrayó la “contundencia” de la exposición del ministro junto al directorio de OSE, destacando la posibilidad de renegociar y avanzar en nuevas obras comprometidas en la campaña electoral.

En cambio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente emitieron una declaración conjunta donde, si bien reconocen el carácter estratégico y soberano del agua, expresaron que las explicaciones brindadas por Ortuño “resultaron insatisfactorias” y no despejaron las dudas planteadas por diversos sectores.

En el documento aprobado, estos partidos de oposición reclamaron que el agua dulce sea tratada como una verdadera política de Estado, con una visión integral y de largo plazo, ajena a la lógica partidaria. Señalaron la urgencia de aumentar la inversión pública en embalses, reducción de fugas y ampliación del suministro. También consideraron imprescindible avanzar en una fuente alternativa al río Santa Lucía, para garantizar seguridad hídrica y equidad territorial.

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