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BRASIL

Ratifican condenas a policías acusados de masacre carcelaria

La llamada Masacre de Carandirú ocurrió el 2 de octubre de 1992, cuando policías de la unidad Militarizada reprimió una rebelión y mató a 111 presos.

4 de agosto de 2022 - 14:28

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ratificó este jueves las penas impuestas a 74 policías responsables de la muerte de 111 presos en la cárcel de Carandirú, en 1992, en momentos en que el Congreso discute una amnistía para esos agentes.

La decisión fue tomada por el magistrado Luis Roberto Barroso, al rechazar una apelación presentada por la defensa de los policías, que contestaba las penas de entre 48 y 632 años de prisión dictadas por la Justicia con el argumento de que no sería posible establecer las responsabilidades "individuales" de los implicados.

La negativa a esa apelación ocurre apenas dos días después de que la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado de la Cámara de Diputados le diera continuidad a un proyecto de ley que propone una amplia amnistía para todos los policías condenados por ese hecho.

Ese proyecto será analizado por otra comisión, que decidirá sobre su "constitucionalidad", y en caso de aprobarlo lo remitirá al pleno de la Cámara y luego al Senado, que tendrá la palabra final antes de una eventual promulgación.

La llamada Masacre de Carandirú ocurrió el 2 de octubre de 1992, cuando la Policía Militarizada reprimió una rebelión y mató a 111 presos, a muchos de los cuales, según organismos humanitarios, se les aplicó la llamada "ley de fuga".

Las condenas dictadas por la Justicia aún no han llegado a ser ejecutadas, pues los abogados de defensa han logrado postergarlas con diversas apelaciones y maniobras judiciales.

Uno de los impulsores del proyecto de amnistía, el diputado Gilson Fahur, que es sargento de la Policía Militarizada, ha usado en el Congreso argumentos similares a los esgrimidos por la defensa.

"Después de casi 30 años, los policías que actuaron en ese fatídico episodio todavía enfrentan procesos judiciales de una forma injusta", pues "ha sido imposible determinar si hubo excesos dolosos y mucho más individualizar la conducta" de cada uno de ellos, dijo el pasado martes.

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