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SUSCRIBITE"La ley tiene una intención punitiva", dijo en una declaración a la prensa Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien estimó que unas 10.000 organizaciones de este tipo hacen vida en el país.
Activistas de derechos humanos en Venezuela encendieron alertas por la nueva ley de fiscalización de oenegés, aprobada este jueves por el Parlamento, al considerar que "profundizará la persecución" de críticos del presidente izquierdista Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
El unicameral Parlamento, controlado por el gobernante chavismo, votó unánimemente a favor de esta ley, que ordena a las Organizaciones No Gubernamentales a inscribirse en un registro manejado por el Ministerio de Interior y hacer una "relación de donaciones" para su funcionamiento, en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras.
Forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro tras protestas contra su proclamación como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, que dejaron 25 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
"La ley tiene una intención punitiva", dijo en una declaración a la prensa Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien estimó que unas 10.000 organizaciones de este tipo hacen vida en el país.
Una vez se publique la legislación en Gaceta Oficial, las oenegés tendrán 90 días para inscribirse en el nuevo registro y 180 días para reformar estatutos a fin de adaptarlos a la normativa aprobada, sin plazos para la respuesta del Estado.
"Va a ser una espada de Damocles (...). Todas las organizaciones que existimos ahora vamos a quedar a la discrecionalidad, por no decir arbitrariedad, de un funcionario", advirtió Daniels.
Es "un golpe" para "controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país (...), amenazando con disoluciones y multas millonarias a las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos", criticó en un comunicado en la red social X la organización de derechos humanos PROVEA.
"Alertamos a la comunidad internacional sobre esta Ley que profundizará la persecución a las voces disidentes y silenciará el espacio cívico", agregó.
Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, sostuvo que esta norma "concreta la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil".
AFP
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