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SUSCRIBITETelenoche indagó en la saturación que se vive en los centros penitenciarios y sus graves consecuencias tanto para los reclusos como para el personal.
Cárceles en Uruguay.
FocoUyUn nuevo informe de Telenoche se centra en la crítica situación del sistema carcelario uruguayo, una verdadera "bomba de tiempo". Así se vive la saturación de las cárceles y sus graves consecuencias tanto para los reclusos como para el personal penitenciario.
Se trata de un tipo de institución que ha aumentado dramáticamente su demanda, alcanzando aproximadamente 17.000 personas privadas de libertad, lo que representa un incremento del 70% desde 2018, cuando había 10.000 reclusos. En ese sentido, el informe destaca como Uruguay tiene la tasa de encarcelamiento más alta de América del Sur, con 449 reclusos por cada 100.000 habitantes, superando incluso a Brasil (408) y muy por encima de Argentina (268).
El hacinamiento es alarmante, con establecimientos que duplican su capacidad. La situación es particularmente grave en la unidad número 5 de mujeres, donde la población femenina ha crecido de 400 a aproximadamente 1.400 en los últimos años. El deterioro edilicio es significativo, y al ser la principal cárcel de mujeres del país, hay pocas posibilidades de diferenciar regímenes de vida.
Aunque la respuesta tradicional ha sido construir más cárceles, esta estrategia no ha logrado combatir el hacinamiento, ya que a medida que aumentan las plazas, también crece la población encarcelada.
Los datos muestran que tres de cada diez exreclusos vuelven a prisión a los seis meses de su liberación, y casi siete de cada diez regresan dentro de los tres años. Además, dentro de las cárceles también se delinque, incluyendo la dirección de bandas criminales que operan fuera de prisión.
En la investigación se destaca que actualmente la mayoría de las personas privadas de libertad fueron procesadas por delitos relacionados con drogas (23,8%), superando al hurto (23,3%), que históricamente fue la causa principal de encarcelamiento. En el caso de las mujeres, esta tendencia es aún más pronunciada, con casi el 80% de las reclusas en la unidad número 9 encarceladas por delitos vinculados a estupefacientes.
Los funcionarios penitenciarios también sufren las consecuencias de esta crisis. Trabajan en condiciones laborales pésimas, con pocos recursos humanos y logísticos para manejar la sobrepoblación. Los operarios denuncian problemas de salud mental, estrés y falta de equipamiento básico de seguridad, como extintores de incendios funcionales.
En este sentido, de las 26 unidades penitenciarias, solo tres están habilitadas por Bomberos, y el exComcar no es una de ellas, mostrando además el mayor deterioro, alojando a uno de cada tres reclusos en Uruguay. Los módulos 3, 4, 10 y 11 presentan las situaciones más críticas, junto con la unidad número 5 de mujeres.
Como posible solución, los informes del Comisionado Parlamentario y asesores del Ministerio del Interior sugieren ampliar el uso de penas alternativas a la cárcel para delitos leves y no violentos. Estas medidas permitirían a los infractores mantener sus responsabilidades familiares mientras cumplen su condena bajo supervisión.
Finalmente, se menciona la propuesta de que las cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior y pasen a otro organismo, posiblemente un Ministerio de Justicia, lo que promete generar otro debate político.
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