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SUSCRIBITELa diputada de Identidad Soberana acusó omisión de controles, el respaldo a una designación “incompatible” y legitimación de una “situación de ilegalidad”.
Nicolle Salle, Identidad Soberana.
FocoUyLa interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, tuvo entre sus intervenciones la de la diputada de Identidad Soberana, Nicolle Salle, quien afirmó que la actuación del Ministerio de Salud en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, presentó “fallas graves” en términos procedimentales, legales y éticos.
Durante su exposición, la legisladora sostuvo que la designación de Danza se concretó mientras el jerarca mantenía vínculos laborales con mutualistas privadas, lo que —según argumentó— configuraba una incompatibilidad “objetiva y conocida” con el artículo 200 de la Constitución. A su entender, el ministerio no verificó esos antecedentes ni tomó medidas preventivas antes del nombramiento.
Salle cuestionó con dureza la interpretación jurídica de la ministra, acusándola de invocar un “principio de libertad” impropio para la función pública. “En el sector público rige el principio de especificidad”, sostuvo, señalando que los jerarcas solo pueden actuar en el marco de lo autorizado por la norma.
También aseguró que el Ministerio de Salud omitió ejercer controles una vez que se hicieron públicos los cuestionamientos: no se dispusieron auditorías sobre horarios, remuneraciones o partidas docentes, y —según afirmó— tampoco se actuó ante resoluciones firmadas por el propio Danza que habrían buscado sortear restricciones legales.
En su intervención, la diputada apuntó además contra la Jutep, a la que calificó como un organismo “sin independencia” y con actuaciones “arbitrarias y contradictorias”. Si bien sus resoluciones no son vinculantes, dijo Salle, sí generan consecuencias políticas y reputacionales “sin garantías del debido proceso”.
Identidad Soberana señaló además inconsistencias en la posición pública de la ministra: primero respaldó al jerarca, luego pidió esperar el pronunciamiento de un organismo de control y finalmente cerró el caso basándose en lo que la diputada describió como “una resolución parcial y cuestionada”.
Para Salle, el hecho de que Lustemberg haya solicitado a Danza que dejara sus otros cargos privados constituye una admisión implícita de que los cuestionamientos tenían fundamentos sólidos.
La diputada enmarcó el caso en un diagnóstico más amplio: un “deterioro institucional del Estado uruguayo”, con entes descentralizados que funcionan como “feudos burocráticos”, escasa auditoría externa y una legalidad aplicada “según conveniencia”. Sostuvo que tanto el oficialismo como parte de la oposición incurrieron en omisiones durante el proceso que llevó a la venia del jerarca.
Hacia el final, denunció que lo discutido en sala resulta “obsceno a los ojos del pueblo”, en contraste con la inseguridad y el desempleo que afectan a las familias uruguayas.
Identidad Soberana anunció que presentará una denuncia penal ante Fiscalía al amparo del artículo 177 del Código Penal, por entender que existen “hechos con apariencia delictiva” en la actuación del presidente de ASSE. La diputada fue categórica: “Queremos que se investigue”.
La moción del partido —que no alcanzó la mayoría absoluta requerida— solicitaba la remoción inmediata del jerarca o, en su defecto, su renuncia. También establecía que la Cámara debía actuar frente a posibles violaciones a la Constitución, a la ley orgánica de ASSE, a la normativa ética y a eventuales ilícitos como falsificación ideológica o percepción indebida de partidas.
Aunque la propuesta no prosperó, la agrupación mantendrá su estrategia fuera del recinto parlamentario. Según adelantó Salle, la denuncia se basa en documentos, actuaciones administrativas y elementos debatidos públicamente durante la interpelación.
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