18 de junio de 2026 - 15:14 Uruguay registró en 2025 la mayor cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo desde que la práctica fue despenalizada. Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) divulgados por El País, durante el año pasado se realizaron 11.445 abortos, unos 200 más que los registrados en 2024.
Se trata del número más alto desde la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2012.
Las cifras reflejan un promedio cercano a los mil abortos mensuales y elevan a más de 129.000 el total de interrupciones de embarazo realizadas en el país durante los 14 años de vigencia de la normativa.
Del total de procedimientos efectuados en 2025, 57 correspondieron a menores de 15 años. No obstante, se mantiene la tendencia de que las mujeres de entre 20 y 24 años son el grupo etario con mayor cantidad de abortos, seguidas por las de entre 25 y 29 años.
El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, destacó que la tasa de abortos en Uruguay sigue siendo baja en comparación con otros países y remarcó especialmente la reducción de los casos en adolescentes.
“Es un dato importante de remarcar. Ya había bajado el año anterior y esto se debe a políticas muy intensas que se hacen en la población adolescente para evitar la causa del aborto, que es el embarazo no deseado. En la población de 20 a 49 años ha aumentado un poco. Cuando uno mira la serie temporal está más o menos estable”, señaló.
Por otra parte, la Comisión Asesora de Derechos Sexuales y Reproductivos, convocada por las autoridades sanitarias, trabaja en una serie de modificaciones a la legislación vigente.
Entre los cambios que se analizan figuran garantizar el acceso a la interrupción del embarazo para mujeres migrantes, ampliar de 12 a 14 semanas el plazo permitido cuando se detecten malformaciones durante el primer trimestre de gestación y eliminar el período obligatorio de cinco días de reflexión.
Consultado sobre estas posibles modificaciones, el subsecretario expresó su respaldo personal a avanzar en esa dirección. “Creo que sería un paso natural en vista de no volver a aquella situación dramática que teníamos en los años 2000, donde a nivel público, en el Pereira Rossell, una de cada dos mujeres que moría, moría por complicaciones de abortos en condiciones de riesgo. Yo creo que nadie quiere volver a esto”, afirmó.