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SUSCRIBITESe establece un tope de 12 días de licencia al año, no acumulables, para cubrir inasistencias justificadas por enfermedad o accidente.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en representación del Poder Ejecutivo, y el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (Cofe), Joselo López, firmaron este martes un preacuerdo para modificar el régimen de certificaciones médicas de los funcionarios públicos.
El Ejecutivo remitirá al Parlamento, dentro del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, modificaciones a los artículos 13 y 14 de la ley 20.075. Se establece un tope de 12 días de licencia al año, no acumulables, para cubrir inasistencias justificadas por enfermedad o accidente, remuneradas al 100% del salario.
López explicó que “tiene que ver con pasar de 9 a 12 los días de tolerancia sin descuentos en el régimen de certificaciones médicas. También se incluyen enfermedades vinculadas a la salud mental y embarazos de riesgo, que se suman a las oncológicas ya contempladas por ley”. Añadió que el alcance será para la totalidad del funcionariado público y que, hasta que no se apruebe el Presupuesto, continuará la suspensión de los descuentos dispuesta hasta el 31 de agosto.
Por su parte, Castillo señaló que “se amplía a 12 jornales la pérdida por enfermedad que no generan descuentos. A partir de allí comienza otro tipo de valoraciones que una comisión va a tener que estar ajustando”. El ministro destacó que se incorporan “situaciones particulares como la maternidad y la enfermedad mental, que adquieren forma de proyecto de ley que va al presupuesto para que el Parlamento lo apruebe”.
El jerarca subrayó que el beneficio comprenderá a todos los empleados públicos, incluidos quienes desempeñan cargos de mayor responsabilidad. “No queremos a nadie por fuera; es una ley que efectiviza un mecanismo de amparo al trabajador y a la trabajadora enfermos”, afirmó.
Castillo también reconoció el trabajo de los negociadores del Ministerio y del sindicato, al señalar que el acuerdo “toma en cuenta las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo”.
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