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SUSCRIBITEA juicio del Ministerio Público, el senador del MPP habría incurrido en la comisión de un delito de abuso innominado de funciones.
Hermano de Víctor Hernández recordó cómo fue su estadía en el Hospital Policial: "No podía hablar con nadie"
La fiscal Silvia Porteiro pidió del desafuero del senador del MPP Charles Carrera, en el marco de la investigación por irregularidades cometidas en el Hospital Policial cuando este era director general de Secretaría del Ministerio del Interior.
En 2012, Víctor Hernández, un hombre residente en la localidad rochense de La Paloma, había resultado herido en un confuso episodio que involucró a un funcionario policial de alto rango.
En esa oportunidad, cuando Charles Carrera se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, mientras Hernández se encontraba internado en el Hospital de Clínicas acompañado de su hermano Daniel, Carrera “se puso a las órdenes”.
En julio de 2013, Hernández ingresó al Hospital Policial junto a su hermano, “alojándose ambos en el quinto piso del nosocomio, lugar en el que habrían de permanecer por aproximadamente tres años y medio”.
De acuerdo al escrito de la fiscal, Hernández era civil y no tenía en el momento de su lesión “vínculo alguno con el Ministerio del Interior. Tampoco tenía lazos familiares con policías ni nexo alguno que lo hiciera sujeto de derecho a asistencia en el Hospital Policial”.
Además, expone que, “según los informes presentados, la atención de Hernández, por el período 2013 a 2017 (días de internación, interconsultas, cirugía oftalmológica, urodinamia, potenciales evocados, férulas antiequinas, almohadón neumático y traslados de ambulancia) generaron un costo de $5.214.668, actualizados a la fecha de la denuncia (2022) $9.474.385. Ello incluye atención médica, psicológica y tratamiento de rehabilitación, así como la ocupación de salas y la alimentación que se brinda a los pacientes de dicho nosocomio”.
Porteiro señaló que,“si la intención era brindar una autorización especial, se saltearon y omitieron todos los requisitos mínimos que justificarían su ingreso, el que se realizó sin una resolución fundada, sin un plan médico de intervención y sin descartar fundadamente los otros mecanismos de asistencia que podría brindar el Estado”.
Además, agrega que “ni siquiera hay una explicación plausible que fundamente años de internación sin que surgieran elementos agudos de gravedad que la requirieran y que incluso se la mantuviera controvirtiendo el dictamen del director de Sanidad Policial que informaba que no se le podía brindar más nada desde el punto de vista médico”.
En otro orden, la fiscal manifestó que existió un “un claro desvío de los dineros públicos” en el otorgamiento de tickets de alimentación fuera del marco legal y reglamentario”.
Por lo antes mencionado, según la fiscal, “el accionar del indagado encarta prima facie, en calidad de autor, de un delito de abuso innominado de funciones”.
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