Informe de EEUU alerta hacinamiento en cárceles uruguayas

El trabajo señala que en diciembre de 2021 la población de reclusos en las cárceles uruguayas estaba “120% por encima de la capacidad física”. Añade que en once prisiones se superaba el 100%, en seis se estaba por encima del 150% y en una de ellas se llegaba al 300%.

“Según un relator especial designado por el Parlamento —dice el trabajo—, el 34 % de los reclusos en 2021 sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el 56 % de los reclusos no estaban preparados adecuadamente para la integración social al ser liberados”.

En ocasiones, las autoridades retuvieron a hombres y mujeres en prisiones mixtas “y asignaron a las mujeres a las peores partes de las prisiones, con menos acceso a alimentos, espacios privados y visitas de familiares”.

El trabajo también se refiere a la falta de higiene, al no acceso a agua potable y a la alimentación insatisfactoria.

Y agrega que existen deficiencias en la atención médica de rutina y de emergencia, a lo que se suma la falta de servicios de rehabilitación para la salud mental y el abuso de sustancias psicoactivas.

El Departamento de Estado destaca, por otro lado, que el gobierno permitió el monitoreo por parte de observadores no gubernamentales independientes.

Y añade que en Uruguay “la Policía detiene sospechosos con órdenes emitidas por un funcionario debidamente autorizado” y que el Poder Judicial trabaja de forma independiente.

Sin embargo, el Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de 2021 indicó que el gobierno no siempre podía proporcionar un abogado defensor a los detenidos que no podían pagar un abogado privado”.