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Empresas privadas iniciarán una demanda a ANCAP por envasado de supergás

ANCAP y el Ministerio de Industria decidieron no renegociar el actual contrato con las empresas de envasado de supergás.

4 de diciembre de 2022 - 19:15

Las empresas privadas que se dedican al envasado de supergás prevén demandar a ANCAP ante el nuevo marco normativo planteado por la empresa pública para esta actividad.

ANCAP y el Ministerio de Industria decidieron no renegociar el actual contrato con las empresas de envasado de supergás que rige desde el año 2007, que implica entre otras cosas el alquiler de las plantas que actualmente son propiedad de la empresa pública.

Además, el actual texto contractual otorga a las empresas Acodike, Riogas y el grupo Gasur el suministro de supergás, donde según entiende ANCAP, se excluye a Megal y condiciona a la empresa Ducsa, que es una empresa subsidiaria de la petrolera estatal.

Fuentes de ANCAP expresaron a Telenoche que con este mecanismo se busca romper lo que consideraron como una hegemonía estructural de Acodike y Riogas en el mercado a efectos de que haya una mayor competitividad.

Tanto desde el Ministerio como desde ANCAP indicaron que la licitación sigue en pie y no se frenará pese a las advertencias jurídicas de las empresas.

En tanto, fuentes del rubro empresarial señalaron a Telenoche que impugnaron la licitación porque consideran que hay graves ilegalidades.

Distintos operadores jurídicos manifestaron que ANCAP quedará expuesto a juicios multimillonarios y los perderá, dado que existen vicios insalvables en la licitación.

En ese sentido, se expresa que los pliegos de la licitación fueron divulgados y circularon irregularmente tiempo antes de ser publicados para los oferentes.

Agregan que ante lo anteriormente expresado le pidieron a Ancap que suspenda la licitación impugnada, a lo que el ente se negó y seguirá adelante.

Las empresas sostienen que si esta situación persiste y se cae el contrato actual debido a la aprobación del pliego licitatorio, puede peligrar el abastecimiento a la población y 300 fuentes de empleo directas y otras 6.000 indirectas pueden verse en peligro.

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