El Ministerio de Desarrollo Social detectó millonario desvío de fondos

De esta forma se comenzó a analizar lo ejecutado durante la administración anterior con el objetivo de realizar una radiografía de todo el ministerio.

Según informó el diario El País este domingo, a una semana del inicio de su funcionamiento los auditores de la cartera se encontraron con una fuga de casi diez millones de pesos por el impago de alquileres de refugios por parte de 15 ONG.

Según explicó Nicolás Martinelli, director de Secretaría de la cartera, en conferencia de prensa este domingo el Mides transfiere "a distintas organizaciones sociales en concepto de arrendamiento una suma", además del pago de salarios de los profesionales que trabajan en los refugios y constataron "que en algunos casos esos arrendamientos no han sido volcados para el pago de los alquileres".

"Esto nunca saltó antes porque los propietarios de esos inmuebles recibían los pagos del arriendo a través de la garantía de alquiler y del Ministerio de Vivienda", agregó.

Este hecho, indicó el jerarca, "podría configurarse en una suerte de apropiación indebida".

Por otro lado, se detectaron cuatro millones de pesos en multas por incumplimiento del programa "Uruguay Trabaja" con el Banco de Previsión Social.

"En el mes de diciembre, enero y febrero no se pagó al BPS y por lo tanto hemos ordenado una auditoría para hacer una radiografía de los últimos años desde que se inició ese programa", aseveró.

Finalmente, se detectaron 28 inmuebles con escasos controles en el Programa Nacional de Discapacidad.

"Queremos saber el estado de esos inmuebles, conocer las diferentes cuentas bancarias a donde han volcado los arriendos que arrojan esos diferentes inmuebles, quiénes son sus arrendatarios", dijo Martinelli.

Además informó que se trabaja en la mejora de los procesos del ministerio tras constatarse demoras y aprobaciones de expedientes sin cumplir con todas las exigencias correspondientes.

"Eso termina en hacer llamados a licitaciones de forma urgente, sin las debidas garantías, sin la debida transparencia, termina en contrataciones directas que luego son observadas en forma recurrente por los organismos de contralor, tanto el Tribunal de Cuentas como la Contaduría General de la Nación", concluyó el jerarca.