Bustillo presentó recurso contra investigación de la Prosecretaría de Presidencia que le dio inicio a sumario

El centro de la investigación administrativa es el seguimiento de documento protocolizado que formaría parte de un expediente y fue destruido el 25 de noviembre de 2022, presuntamente, por el ex asesor de la Presidencia, Roberto Lafluf. El documento contenía chats entre la ex vicecanciller Carolina Ache y el ex subsecretario de Interior Guillermo Maciel, donde este último señalaba la inconveniencia de entregarle un pasaporte a Marset, al que definía como “peligroso”.

Bustillo señala en su escrito que los hechos investigados forman parte de su actuación como ministro de Estado, situación que lo exime de ser sometido a un proceso disciplinario.

"Los ministros de Estado no son pasibles de responsabilidad disciplinaria, la cual queda absorbida por la responsabilidad política”, sostiene Bustillo.

Además, asegura el principio que prohíbe el doble enjuiciamiento o sanción por los mismos hechos y afirma¡que, si bien carecía de responsabilidad disciplinaria, si se entendiera otra cosa por parte de las autoridades él ya fue sancionado con el “cese como ministro de Relaciones Exteriores”.

“Si se me aplicara una sanción, por mínima que fuera, se estará incurriendo en una grosera violación de este principio”, alega.

En la investigación se invoca a Bustillo como responsable de dar la orden de llevar el documento a Presidencia. En su descargo, Bustillo asegura: “Mal podía yo dar órdenes cuando estuve fuera del país desde el 25 de noviembre de 2022” —día en que se llevó adelante la reunión en Presidencia—. El excanciller asegura que volvió al país el 9 de diciembre, cuando, según su escrito, fue internado en el Sanatorio Americano por una trombosis venosa que lo tuvo por fuera de la gestión pública hasta el 23 de diciembre. Durante ese tiempo, advierte, la entonces subsecretaria Carolina Ache se desempeñó como ministra.

También cuestiona que no fue notificado de la resolución de la investigación y que se enteró de sus detalles a través de la prensa.

En el escrito, firmado por el especialista en derecho administrativo Carlos Delpiazzo, se cita el artículo 66 de la Constitución que establece que “ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos o articular su defensa”.

“Es claro el apartamiento de la Constitución ya que la garantía de defensa aparece en el artículo 66 de la Carta Magna en favor de los funcionarios sobre los cuales recaiga una investigación administrativa. El derecho a defenderse no se limita a la posibilidad de ser oído antes de dictarse resolución —lo que, en la especie, no ocurrió— sino que comprende también el derecho a ser enterado de la existencia del procedimiento que precede al acto, a conocer el contenido de las actuaciones. En suma, como es notorio, nada de lo debido se cumplió en este caso, lo que configura una causal de ilegitimidad por sí sola suficiente para disponer la revocación impetrada (solicitada)”, sostiene Bustillo en su escrito.

Por todo esto, es que Bustillo pide la inmediata anulación de la resolución o, en subsidio, la suspensión de la instrucción hasta que se le permita acceder a la investigación administrativa.