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AEBU rechazó medida de estacioneros de Maldonado

El Consejo Central de AEBU denunció que la medida es "inaceptable" y que es "absolutamente limitante de la libertad de los consumidores".

1 de abril de 2022 - 16:57

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) calificó de “inaceptable” la resolución de la gremial Vendedores de Combustible de Maldonado (VECOMA) de no aceptar el pago con tarjetas de crédito o débito para la compra de combustibles.

A través de un comunicado, el Consejo Central de AEBU manifestó su rechazo a la medida y denunció que “esta decisión corporativa de un conjunto de empresarios busca desterrar la diversidad de medios de pago en nuestras relaciones de consumo; va en sentido contrario a las tendencias internacionales, a la prestación de servicios modernos y de calidad a sus clientes, e incluso a la orientación del propio Estado que impone su uso en los peajes de todo el país”.

En ese sentido, indicó que la decisión antepone los objetivos del sector empresarial sobre el interés nacional, lo que provoca “una afectación directa para el turismo de nuestro principal balneario, en tiempos donde este sector ha sufrido dos temporadas críticas”.

Desde AEBU también advirtieron que la resolución expone a los trabajadores a un nivel de inseguridad “repudiable”. “En tiempos en que la inseguridad y el delito ha recrudecido, retornar al uso de dinero en efectivo, en puestos de trabajo sin protección, resulta una decisión inaceptable”, aseguraron.

También indicaron que la justificación de que los medios de pago digitales impactan de forma negativa en la rentabilidad de sus negocios ha sido utilizada en varias ocasiones para reclamar la liberalización del precio de los combustibles, lo que podría llevar a que aumente su precio y “a transformar a las poblaciones más distantes de la capital del país en rehenes de los costos de traslado”.

Ante esta situación, consideraron “imprescindible” que las autoridades nacionales intervengan para evitar estos perjuicios. “Esta decisión es absolutamente limitante de la libertad de los consumidores, y sus consecuencias negativas serán mucho más severas de extenderse al resto del país o a otras áreas de la actividad económica”, sentenció el Consejo.

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