Residencial en La Unión: cobraban $30.000 por mes y era "un depósito de personas mayores", según fiscal

El ingreso policial y el estado de las víctimas

El procedimiento policial comenzó en la madrugada del jueves en la intersección de Mateo Cabral y Comercio, luego de que vecinos reportaran gritos de auxilio. Ante la falta de respuesta en el acceso principal, donde los efectivos aguardaron más de media hora, el personal policial ingresó al recinto a través de la azotea de una vivienda lindera. Las actuaciones quedaron registradas en las cámaras corporales de los funcionarios.

Según el relato de la fiscal, en un altillo del lugar se hallaron entre cinco y seis hombres "tirados en colchones, sin sábanas", en habitaciones afectadas por filtraciones de agua y falta de luz natural. En total, se constató la presencia de 22 personas de entre 71 y 98 años de edad, distribuidas en diferentes sectores del inmueble, incluido un garaje. Dos de los residentes debieron ser trasladados de urgencia a centros hospitalarios debido a cuadros de deshidratación y solicitudes reiteradas de agua.

El mecanismo de estafa y el "residencial pantalla"

La investigación determinó que los familiares de las víctimas abonaban una mensualidad aproximada de $30.000 por la estadía. La fiscal Lovesio explicó que los allegados desconocían el estado real del establecimiento debido a que la organización utilizaba un inmueble ubicado en la calle Corrales como una "especie de escenografía" o residencial pantalla.

De acuerdo con los testimonios de familiares y testigos, las visitas familiares se restringían de forma estricta fuera de los horarios estipulados. Los damnificados declararon haberse enterado de las condiciones reales a través de los medios de comunicación y detallaron anomalías previas, como el cambio de la vestimenta de los internos. El familiar de una de las residentes declaró ante la sede judicial que presentaba "mucha falta de aseo" y un peso corporal inferior a los 30 kilogramos al momento del rescate.

Los argumentos de la defensa y la resolución judicial

La defensa de las imputadas se opuso a la calificación delictiva y rechazó los cargos de abandono y estafa. En su argumento sostuvo que el lugar "no es clandestino" ni se encontraba oculto, y atribuyó la demora en la apertura de la puerta a que el empleado encargado se había quedado dormido. Asimismo, la defensa negó la existencia de denuncias previas contra las indagadas y cuestionó los informes sobre la pérdida de peso de los internos, afirmando que dicha situación habría sido advertida con anterioridad por los familiares.

Por su parte, la fiscal ratificó que el establecimiento carecía de cartelería, permanecía cerrado al exterior y operaba sin la habilitación de los organismos competentes. Según las autoridades, una de las imputadas admitió en el momento del allanamiento que el local excedía el límite de capacidad permitido en los trámites en curso.

Formalización judicial y prisión preventiva

Este domingo, formalizaron a la propietaria y a la encargada del residencial. Ambas deberán cumplir 120 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Se les imputó la presunta comisión de reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de estafa, un delito de omisión de asistencia a personas incapaces y reiterados delitos de omisión de asistencia.