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SUSCRIBITESe les imputó la presunta comisión de reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de estafa, un delito de omisión de asistencia a personas incapaces y reiterados delitos de omisión de asistencia.
La Justicia formalizó este domingo a la propietaria y a la encargada del residencial para personas mayores que funcionaba de forma irregular en el barrio La Unión, donde fueron rescatados más de 20 adultos mayores que permanecían en condiciones inhumanas.
Se les imputó la presunta comisión de reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de estafa, un delito de omisión de asistencia a personas incapaces y reiterados delitos de omisión de asistencia.
Las dos mujeres habían sido detenidas el sábado durante el operativo. Según la investigación, la propietaria reconoció ante las autoridades que el establecimiento funcionaba de forma irregular y que había superado la capacidad de alojamiento.
El procedimiento se inició tras denuncias de vecinos que alertaron sobre pedidos de ayuda provenientes del inmueble. De acuerdo con los testimonios, el residencial funcionaba de forma clandestina y la Policía permaneció más de media hora en la puerta hasta que logró ingresar.
Como el acceso principal permanecía cerrado, los efectivos entraron al predio por una vivienda lindera y accedieron a un altillo donde encontraron a varios adultos mayores acostados sobre colchones, sin sábanas, con falta de higiene y en un espacio con problemas de iluminación y deterioro edilicio. Los policías registraron el procedimiento mediante las cámaras corporales.
Según informaron fuentes del caso, muchos de los residentes tenían entre 86 y 98 años y presentaban dificultades para comunicarse. Uno de los adultos mayores relató a los efectivos que permanecían encerrados y que necesitaban agua.
Durante el operativo fueron rescatados entre 22 y 24 adultos mayores. Cuatro de ellos fueron trasladados a centros asistenciales por su estado de salud, mientras que el resto recibió asistencia y comenzó un proceso de realojamiento coordinado por organismos del Estado.
El Ministerio de Desarrollo Social confirmó que el establecimiento no contaba con habilitación para funcionar como residencial para personas mayores. La investigación continúa.
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