21 de marzo de 2026 - 16:58 Tatiana Marset aseguró ante la justicia de Bolivia que no veía a su hermano, Sebastián Marset, desde hace una década. La joven de 22 años, detenida en un megaoperativo el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, negó cualquier vínculo con las actividades del narcotraficante uruguayo.
El Gobierno boliviano investiga su rol en la organización tras hallarla en un inmueble con tres hombres que serían su seguridad personal. En esa oportunidad se detuvo a 20 personas, incluidas Marset y su hermana, pero al momento se imputó formalmente a 15 de ellas en Bolivia; por su parte el narco uruguayo está en manos de la Justicia estadounidense.
El viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Hernán Paredes, detalló en una entrevista a El Deber que la imputada calificó su situación como un error de coincidencia: “Yo estoy en el lugar equivocado en el tiempo equivocado”, habría manifestado en sus declaraciones. No obstante, el Ministerio Público boliviano procedió a su imputación formal el 16 de marzo por los delitos de tráfico de armas y asociación para delinquir.
Una "estudiante universitaria" rodeada de lujos, fiestas y yates
Según las autoridades bolivianas, la joven se identificó como "estudiante universitaria en Uruguay" y sostuvo que estaba de vacaciones en el país. Afirmó que no tenía contacto con el hasta entonces prófugo desde que ella tenía 12 años y se abstuvo de declarar ante la Fiscalía, una práctica que el viceministro calificó como habitual en estructuras de narcotráfico.
En redes sociales, Marset Alba ostentaba vehículos de alta gama, viajes y festejos lujosos, elementos que contrastan con su versión de estudiante de vacaciones. Además, las autoridades rastrearon sus movimientos migratorios entre Paraguay, Bolivia y Uruguay desde 2021, sospechando que pudo haber utilizado identidades falsas para desplazarse por la región.
Según la información oficial, Tatiana no fue capturada en la misma vivienda que Sebastián Marset. Fue localizada en un inmueble distinto junto a tres hombres extranjeros, quienes, según la inteligencia policial, cumplían funciones de seguridad para ella y personal doméstico privado.
El Gobierno boliviano aclaró que, por el momento, no existe una solicitud de extradición en su contra, por lo que su situación jurídica se resolverá inicialmente bajo las leyes locales mientras la Fiscalía continúa recolectando pruebas sobre su presunta participación en el blanqueo de capitales o logística de la organización.