13 de mayo de 2025 - 15:07 Este martes sesionó en Torre Ejecutiva el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, coordinado por Presidencia e integrado por los ministerios de Interior, Educación y Cultura, y Economía y Finanzas, incluidas las direcciones de Aduanas e Impositiva, y la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y otros organismos que abarcan funciones de investigación y represión de estos delitos.
Tras esta reunión, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, explicó que las competencias del sistema son “acumulativas o complementarias”, más allá de las competencias específicas de cada una de ellas.
“Entendemos que es necesario que todas las instituciones trabajen en forma conjunta, que exista una percepción compartida del riesgo por parte de las diferentes instituciones respecto de la situación actual del crimen organizado y el narcotráfico en el país”, dijo Díaz.
El funcionario también señaló que el sistema busca cooperación transversalidad en la discusión de los temas y en su ejecución: “Este es un organismo de coordinación, de articulación, no de sustitución de las competencias de las instituciones que lo componen”, afirmó, y agregó que “va a trabajar con criterios de transversalidad, de profesionalidad, de inteligencia y de tecnología”.
Con este equipo se pretende que, en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado, que “la mano izquierda tiene que saber lo que está haciendo la mano derecha” para evitar situaciones como el caso Marset, cuando instituciones del Estado tenían información con la que no contaban otras.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que la creación de un sistema permite “salir del formato de la comisión y hacer de esto un trabajo mucho más flexible, dinámico y sostenido en el tiempo”, porque “la comisión está orientada a la solución de un tema específico. Esto es mucho más vasto”.
En otro orden, Jorge Díaz informó que se está terminando el proyecto de ley sobre lavado de activos, que se espera que el Ejecutivo envíe al Parlamento, basado en tres pilares: modificación a la ley de lavado, cambio en el umbral para las transacciones en efectivo y una propuesta de la Fiscalía General de la Nación para la fiscalía específica.