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Los carteles en los que algunos profesores sindicalizados de la educación pública manifestaban sus diferencias respecto a la Ley de Urgente Consideración fueron colgados en liceos, motivo que generó la reacción del Codicen de la ANEP que entendió que se violaba la laicidad.
El organismo emitió una resolución que pedía a las autoridades de esos centros desarrollar acciones que aseguren el "respeto irrestricto de los principios rectores de la educación pública, en particular la laicidad, así como la prohibición de realizar proselitismo de cualquier tipo".
Por otro lado, solicitó que los centros educativos "adopten las medidas necesarias para el retiro de toda la cartelería que atente contra los principios rectores de la educación".
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, gremio de los docentes, denunció la situación ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tras analizar el caso, el INDDHH consideró que se afectó el derecho a la libertad de expresión, por lo que recomendó a la ANEP rever su postura.
"La Constitución establece que todos los derechos son garantizados por la Constitución y deben ser garantizados por el Estado en su ejercicio", dijo Mariana Mota del INDDHH.
Comentó, además, que lo que se cuestiona desde la institución es que "restringe la libertad de expresión" y además que "no es el medio hábil para poder restringir un derecho, porque debe ser por ley".
"La institución no pone foco en qué es lo que dicen o no dicen los carteles, sino en que esto está restringiendo determinados derechos y no es un medio idóneo", remarcó.
Hubo, por otra parte, reacciones a nivel político. El Partido Colorado emitió una declaración en la que expresa que la defensa de la libertad de expresión no puede legitimar discursos políticos dentro de los centros de enseñanza.
El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo que es "un escándalo" y que la Constitución es clara en que "en los lugares y horas de trabajo no se puede realizar proselitismo alguno".
"No puede decirse que en nombre de la libertad de expresión del pensamiento, se puede venir con un tapabocas contra la LUC", dijo el político.
"Hacer propaganda es un abuso y que lo haga un profesor es una inmoralidad, porque tiene una posición de predominio sobre el alumno y ejerce una superioridad psicológica", sentenció.
Entiende que los docentes que procedan de esa manera "están incumpliendo las leyes y la Constitución, pero además la ética pedagógica".
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