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En 2021 se registraron 86 muertes en establecimientos carcelarios, la mayor cifra registrada en Uruguay desde 2010, cuando hubo 53 muertes, según se desprende del informe sobre la situación del sistema carcelario realizado por la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario.
De acuerdo con el informe, el 2021 también fue el año que se registraron más muertes violentas en cárceles, con 45 (21 homicidios, 18 suicidios y seis muertes accidentales) y muertes por patologías, enfermedades y otras causas naturales, con 41 fallecimientos por estas causas.
“La tasa de homicidios ha sido en el 2021 de 152 c/100.000 habitantes, tasa que es 15 veces mayor a la tasa nacional. La tasa de suicidios ha sido de 131 c/100.000 habitantes, cifra que es más de 6 veces mayor a la tasa nacional”, advierte el informe.
La ocurrencia de muertes no es homogénea en el sistema carcelario, agrega el documento, ya que hay algunas unidades donde estos hechos ocurren con mayor frecuencia. En ese sentido, destaca que en la Unidad N°4 (ex Comcar) ocurrieron el 41% de estas muertes a la vez que aloja al 29% de la población carcelaria, seguido por la Unidad N° 3 Libertad, que tuvo el 12% de las muertes y alberga al 8% de los reclusos del país.
Por otra parte, la Fiscalía aún investiga 32 de estas muertes, a la vez que hay otros 16 casos archivados, ocho sin asignar y cuatro que fueron resueltos. En siete casos hay personas formalizadas.
El año pasado la población carcelaria creció un 10.3% en relación con el año anterior y se registraron 13.693 personas privadas de libertad, lo que se traduce a 386 reclusos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra ubica a Uruguay en torno al puesto número 12 de países del mundo que tiene mayor cantidad de población proporcionalmente en sus cárceles.
En hombres el aumento de los presos fue de 9% mientras que el de las mujeres fue de casi 28%. En el 2020 había 709 mujeres privadas de libertad en 2021 se registraron 906 y este año se contabilizaron 1.020 reclusas.
En tanto, a mediados de abril del 2022 “se han superado las 14.200 personas, llegando a una tasa de prisionización de 400 cada 100.000 habitantes”, agregó el informe.
“Los números fríos indican que hoy se requieren unas nuevas 4.000 plazas para frenar el hacinamiento y hacer posible una rehabilitación que permita la seguridad pública. Esto implica, teniendo presente que las normas internacionales aceptadas señalan que las unidades no deben pasar de 500 presos, unas ocho cárceles”, indica el informe.
“La sobrepoblación existente genera terribles consecuencias en la cárcel y en la sociedad. Por un lado, en la cárcel, colapsan los servicios educativos y sociales, la violencia aumenta por las malas condiciones de convivencia y la falta de espacios personales, el personal se desgasta, descree del sentido de su tarea y ocurren omisiones y errores de procedimientos, la violencia institucional en estos contextos tiende a crecer. Por otro, en la sociedad, pues la debilidad de los mecanismos de rehabilitación, desbordados por la sobrepoblación, mantiene alta la reincidencia y la comisión de nuevos delitos”, alerta la oficina del Comisionado Parlamentario.
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