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entrevista en 8Am

"La idea es unificar cuatro beneficios": BPS explicó la nueva asignación familiar ampliada prevista para 2027

Jimena Pardo habló sobre el aumento adicional para jubilaciones mínimas, el proyecto que integraría prestaciones, los controles vinculados a educación y salud, y los mecanismos para detectar subdeclaración y fraude.

Además, abordó el funcionamiento actual de las prestaciones para infancia, los criterios de acceso al nuevo sistema, los controles asociados a educación y salud y las herramientas que utiliza el organismo para fiscalizar aportes y detectar irregularidades.

Sobre el aumento adicional para jubilaciones mínimas, Pardo explicó que la medida surgió a partir de planteos realizados por la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (ONAJPU) y una posterior evaluación del Poder Ejecutivo. Según indicó, el incremento previsto inicialmente en 1% pasó a ser de 2,5%.

La jerarca señaló que el aumento está focalizado en quienes reciben la jubilación mínima como único ingreso, es decir, personas que no cuentan con otras prestaciones, actividad laboral u otros ingresos como alquileres. Según explicó, el alcance estimado es de unas 115.000 personas, incluyendo jubilados y pensionistas del BPS y también del sistema militar y policial.

Pardo detalló que la jubilación mínima para quienes no tienen otros ingresos pasará de $20.935 a unos $21.887 con este ajuste, lo que representa aproximadamente unos $1.000 adicionales.

La nueva asignación familiar ampliada

Durante la entrevista, Pardo explicó que el proyecto de Rendición de Cuentas plantea unificar cuatro beneficios que actualmente funcionan por separado: la asignación familiar para trabajadores privados, la asignación familiar del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza.

“La propuesta es unificar cuatro beneficios que hoy van por puertas separadas”, señaló Pardo, quien explicó que actualmente las personas deben realizar evaluaciones diferentes para acceder a cada prestación, algo que también genera procesos separados para el Estado.

Según indicó, el objetivo es crear un nuevo beneficio denominado “asignación familiar ampliada”, con tres franjas de ingreso y una única evaluación para determinar el acceso.

El proyecto prevé que la implementación comience en enero de 2027, en caso de aprobarse la ley, y que el ingreso al nuevo sistema sea progresivo por generaciones. Pardo explicó que comenzarían ingresando los nacidos en 2025, 2026 y 2027, además de mujeres embarazadas.

El resto de los beneficiarios continuaría en el sistema actual, manteniendo las prestaciones que recibe actualmente.

Un único sistema de evaluación

Consultada sobre los requisitos del nuevo esquema, Pardo explicó que se pasaría a una única evaluación basada en un índice que considera diferentes variables, entre ellas el nivel de ingresos del hogar, el tipo de vivienda y el acceso a servicios.

La presidenta del BPS indicó que ese mecanismo se basa en el índice de carencias críticas, utilizado actualmente para la asignación familiar del Plan de Equidad, aunque señaló que está siendo revisado y simplificado.

Además, explicó que el nuevo sistema contempla montos reforzados para niños de entre cero y tres años y mujeres embarazadas, al considerar que esa etapa es clave para el desarrollo y la alimentación.

Pardo señaló que, dentro del nuevo esquema, los hogares ubicados en las franjas de menores ingresos podrían recibir montos de hasta unos $10.000 por niño entre cero y tres años, mientras que otras franjas tendrían montos inferiores.

Condiciones vinculadas a salud y educación

Consultada sobre los controles para garantizar el destino de las prestaciones, Pardo señaló que el proyecto incorpora condiciones vinculadas a la inscripción educativa y controles de salud, aunque aclaró que no todos los beneficios actuales tienen el mismo tipo de requisito.

Explicó que actualmente la asignación familiar del Plan de Equidad es la prestación que está condicionada a la inscripción en centros educativos y asistencia a clase, y que el proyecto plantea mantener condiciones vinculadas a enseñanza y controles sanitarios para una parte del nuevo beneficio.

Pardo también remarcó que la asistencia no está destinada exclusivamente a hogares considerados pobres, sino que alcanza a familias con distintos niveles de ingresos.

“Esto cubre al 55% de los niños, niñas y adolescentes de este país”, afirmó, y señaló que el objetivo planteado es “igualar el punto de partida” para los niños.

Revinculación educativa

Durante la entrevista también fue consultada por los mensajes enviados a familias cuyos hijos presentan situaciones vinculadas a la asistencia educativa.

Pardo explicó que el proceso comenzó a fines de mayo en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y la ANEP. Indicó que el cierre del proceso está previsto para el 31 de julio, cuando se tendrán los datos correspondientes.

Según explicó, el trabajo territorial para buscar a los estudiantes está siendo realizado por el Mides y la ANEP, mientras que el BPS participa en la coordinación del intercambio de información.

Control de aportes y detección de fraude

Sobre los controles que realiza el BPS para evitar subdeclaraciones de aportes, Pardo explicó que el organismo trabaja principalmente mediante intercambio de información con otras instituciones, entre ellas la Dirección General Impositiva (DGI).

También mencionó el uso de herramientas de análisis de datos para detectar posibles irregularidades y orientar las inspecciones hacia casos donde existan mayores indicios.

Como ejemplo, señaló que mediante estos mecanismos se detectaron casos de fraude relacionados con empresas que presentaban declaraciones de no pago y luego intentaban acceder a otros beneficios.

Además, recordó que desde la implementación de la historia laboral en 1996 ya no funciona el mecanismo de acreditar años de trabajo mediante testigos, sino que la información debe estar registrada en la trayectoria laboral del trabajador.

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