Para continuar, suscribite a Telenoche. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITELa venia de Estomba, quien defendió a integrantes de los Chingas, abrió la discusión entre los partidos políticos y las asociaciones de magistrados y fiscales.
El ingreso de abogados que defendieron a personas vinculadas al narcotráfico a la Fiscalía General de la Nación está en discusión en el Parlamento. El debate se centra en si esos antecedentes deben incidir en la aprobación de las venias para su designación como fiscales y en los posibles riesgos de infiltración del narcotráfico en el sistema judicial.
Cada vez que se propone el nombramiento de nuevos fiscales, el Parlamento debe votar una venia. El procedimiento se analiza en el Senado, donde se estudian los antecedentes de los postulantes antes de resolver si se autoriza su designación.
La discusión se instaló luego de que se conociera la situación de tres abogados que trabajaron en causas vinculadas a personas relacionadas con el narcotráfico. Entre ellos está Raúl Estomba, quien defendió a integrantes de los Chingas, en Casavalle.
Según informó el semanario Búsqueda, Estomba se presentó a un concurso público, lo ganó y cumplió con los procedimientos establecidos por la Fiscalía General de la Nación. La institución remitió su venia al Parlamento, que ahora debe resolver si la aprueba.
El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, planteó el tema ante la bancada del Frente Amplio. De acuerdo con lo publicado por Búsqueda, Mahía señaló que el ministerio no tenía elementos para oponerse a la designación, aunque consideró que correspondía abrir una discusión política sobre el asunto.
En declaraciones a Búsqueda, Estomba sostuvo que no existen elementos para rechazar su venia. También habló con Telenoche y explicó por qué aspira a incorporarse a la Fiscalía General de la Nación.
"Con relación a la venia del Senado, correspondiente a la propuesta y ofrecimiento del cargo como fiscal, es producto de un concurso público que transité hace un año y medio", señaló.
El abogado cuestionó que se lo identifique públicamente como "abogado de los narcos" y sostuvo que esa calificación no se ajusta a su actuación profesional.
Sobre la causa de los Chingas, afirmó que se trató de un caso de extorsión y no de una investigación vinculada al narcotráfico.
También se refirió a Mónica Sosa, señalada públicamente como líder narco. Estomba sostuvo que esa calificación no corresponde y explicó que, en la causa de los Palomares, fue condenada como cómplice.
"Ninguna de las tres causas que ella sustanció con mi persona fue condenada por dichos delitos", afirmó.
El abogado indicó que respetará la decisión del Poder Legislativo. "Como una persona republicana que soy, respetaré el mandato del poder legislativo", expresó.
El tema también está siendo analizado por los partidos políticos. En el Frente Amplio y el Partido Colorado estudian el asunto, mientras que el Partido Nacional prevé definir su posición en los próximos días.
En diálogo con Telenoche, la senadora nacionalista Graciela Bianchi manifestó su rechazo a la posibilidad de que abogados que defendieron a narcotraficantes ingresen a la Fiscalía.
"Para el Partido Nacional, abogados narcos en Fiscalía, no", afirmó.
La discusión también involucra a las organizaciones que representan a fiscales y magistrados, en un contexto de preocupación por la posible infiltración del narcotráfico en el sistema judicial.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Claudia González, señaló a Telenoche que Uruguay necesita contar con leyes que obstaculicen el ingreso del narcotráfico a las instituciones.
González recordó que Estomba se presentó a un concurso cuyas bases eran públicas y que cumplió con los requisitos y las pruebas correspondientes.
"Si el narcotráfico tiene tanto éxito en el trabajo que realiza, ¿va a buscar justamente a una persona que hoy se ha transformado en tan pública o va a buscar a alguien que uno no lo tenga en el radar?", planteó.
La presidenta de la asociación sostuvo que el ejercicio de la defensa de personas acusadas de determinados delitos no implica, por sí mismo, que un abogado forme parte de una organización criminal.
"Uno puede ser un abogado que defiende ese tipo de causas, pero no por ello estar dentro de la estructura", afirmó.
En ese sentido, indicó que, si se investigara a un profesional y se concluyera que integra una organización criminal, correspondería denunciarlo. Según señaló, eso no ocurrió en este caso.
González también planteó que se debería analizar el origen de los fondos con los que se pagan los honorarios de los abogados, además del tipo de delitos en los que intervienen.
Suscríbete y recibe todas las mañanas en tu correo lo más importante sobre Uruguay y el mundo.
SUSCRÍBETE
