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SUSCRIBITECarlos Negro sostuvo que “no se puede entregar a un narcotraficante un documento que le permita sacar un pasaporte o hacer incurrir en un error a la Justicia”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó apostillar un certificado de la Policía Científica que indicaba que el narcotraficante Sebastián Marset no registraba antecedentes penales en Uruguay, informó días atrás el semanario Búsqueda.
El certificado, solicitado por la defensa de Marset para presentar en la causa que enfrenta el narcotraficante uruguayo en Estados Unidos, indicaba que éste no contaba con antecedentes penales, dado que la normativa establece que estos no se consideran una vez pasados los cinco años desde el último.
La defensa de Sebastián Marset en Uruguay presentó peticiones formales ante los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior para que se restituya al trámite su certificado de antecedentes judiciales y se expida la apostilla, o se dicte una resolución fundada que la deniegue.
Además, presentó pedidos de acceso a la información pública y una denuncia ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.
El abogado Santiago Moratorio sostuvo que pidió el certificado “por la vía regular” ante la Policía Científica, para usarlo como prueba en el juicio que Marset enfrenta en Estados Unidos, previsto para enero de 2027. Recordó que, según la Convención de La Haya, la apostilla solo certifica la autenticidad de firma y sello, sin avalar el contenido, y que no hay norma que permita negarla por la identidad del titular.
Si lo publicado es exacto, planteó, el documento fue retenido y entregado en el despacho del ministro del Interior sin resolución fundada, mientras a la defensa se le decía que no estaba allí. Agregó que el certificado terminó difundido en redes sociales y que corresponde investigar qué funcionario lo filtró. Si las vías administrativas no responden en tiempo útil, anunció que acudirá a la Justicia.
Este jueves, el ministro del Interior, Carlos Negro, fue consultado sobre lo ocurrido con el trámite, y señaló que “tanto las autoridades de Cancillería como las del Ministerio del Interior, advertidas de la existencia de este certificado que establecía que Sebastián Marset no tiene antecedentes, impidieron que ese certificado terminara donde estaba destinado a terminar, que era la Justicia norteamericana”.
Negro agregó que este docimento podría posibilitar “un engaño” a la Justicia de Estados Unidos, “con un muy importante delincuente a nivel latinoamericano de la región como mundial. Eso es lo importante, ese certificado no fue entregado para quien el solicitante había establecido que debía ser entregado”, zanjó.
Además, adelantó que el Gobierno trabaja para modificar la normativa que regula la expedición de estos certificados, que son “muy importantes” para quienes deben realizar trámites para trabajar u obtener un pasaporte y “darle un destino absolutamente lícito y legítimo”.
“No podemos hacer una normativa que le impida a las personas desarrollar sus trabajos por haber tenido algún día en su vida un antecedente. Entonces hay que compatibilizar la libertad de trabajo, los derechos de las personas con la necesaria precaución de no entregar a un narcotraficante un documento que le permita luego o sacar un pasaporte o entregar un documento que haga incurrir en error a la Justicia norteamericana o la de cualquier otro país”, remarcó el ministro.
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