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Ministra argentina renuncia por arresto de mapuches

"Se ha traspuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado", dijo la ministra argentina Elizabeth Gómez Alcorta.

7 de octubre de 2022 - 15:12

La ministra argentina de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, renunció el viernes a su cargo en rechazo a un desalojo policial de tierras reclamadas por la comunidad mapuche en la Patagonia, en el sur del país.

"Los hechos desatados en Villa Mascardi (el martes) por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político", dijo Gómez Alcorta en una carta al presidente Alberto Fernández.

Villa Mascardi fue escenario hace cinco años, durante el gobierno de Mauricio Macri, de un desalojo similar en el que fue asesinado por fuerzas federales, de un disparo por la espalda, el mapuche Rafael Nahuel, de 22 años.

Familias de origen mapuche mantienen litigios judiciales en la región, a 1.600 km al sudoeste de Buenos Aires, en jurisdicción de las provincias de Río Negro y Neuquén.

Los mapuches, calculados en más de 100.000 en Argentina, piden la restitución de territorios de los cuales fueron despojados en la llamada "Campaña del Desierto" en el siglo XIX, cuando millares murieron o fueron esclavizados por el gobierno de Buenos Aires.

Gómez Alcorta calificó de "violaciones evidentes a los derechos humanos" el arresto en el operativo de dos mujeres con hijos en período de lactancia y una embarazada, y el hecho de que otras cuatro fueron trasladadas hasta la cárcel de Ezeiza, a 20 km al sur de la capital.

"Se ha traspuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado", dijo la funcionaria.

Gómez Alcorta fue una de las principales impulsoras desde el gobierno de las leyes de aborto, la inclusión laboral travesti-trans, la creación del documento de identidad no binario y el programa "Acompañar" para mujeres víctimas de violencia machista.

La vocera del gobierno, Gabriela Cerrutti, había declarado que el desalojo "se hizo cumpliendo todos los protocolos, sin el uso de armas letales, ni ninguna denuncia durante el procedimiento".

Organismos defensores de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos y abogados de las mujeres enviadas a Ezeiza han presentado un hábeas corpus.

En un comunicado, las entidades consideraron que se realizó "un traslado de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada por autoridades de la policía federal en cumplimiento de una orden judicial también ilegítima".

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