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El primer ministro de la India, Manmohan Singh, rechazó hoy en el Parlamento del país las acusaciones de corrupción por pérdidas millonarias en concesiones sin subasta previa de explotaciones en los yacimientos de carbón.
El Parlamento de la India llevaba una semana paralizado por las protestas de la oposición a raíz de un informe de la Auditoría General del Estado (CAG) que afirmaba que el estado dejó de ingresar unos 37.000 millones de dólares por las deficientes concesiones.
Tras la presentación del informe, la oposición india inició una campaña de protestas en petición de la dimisión del primer ministro del país, quien se defendió hoy de las acusaciones de corrupción entre gritos de los opositores que hicieron inaudible su discurso.
"Deseo decir que las acusaciones de incorrección no tienen base ni están apoyadas por los hechos", aseguró el primer ministro en un discurso, depositado ante la presidencia de la cámara y difundido más tarde por su oficina.
De acuerdo con el informe de la CAG, entre los años 2004 y 2011 se asignaron sin concurso 194 explotaciones a entidades gubernamentales y privadas, con un total de 44.440 millones de toneladas de carbón.
La oposición, liderada por la formación conservadora hindú BJP, lleva días pidiendo la dimisión de Singh, amparándose en que él mismo estuvo a cargo en parte del período del Ministerio del Carbón, aunque el informe no culpa directamente al primer ministro.
"Como ministro en funciones, asumo plena responsabilidad sobre las decisiones del Ministerio", dijo en su discurso el primer ministro.
Las recomendaciones de las concesiones fueron realizadas por un panel interministerial, afirmó Singh ante el Parlamento, que acusó a la CAG de haber hecho una interpretación "selectiva" y recordó que varias regiones se opusieron a realizar pujas abiertas.
"Las conclusiones de la CAG son discutibles y puede que las cuestionemos en cuanto entren a debate en las comisiones parlamentarias", dijo poco después Singh ante los medios a las puertas del edificio parlamentario.
El primer ministro también aseguró que su Gobierno lleva años intentando implementar un sistema de subastas competitivas y atribuyó a las "complejidades del sistema parlamentario" la lentitud en implementar las normas.
"En retrospectiva, estoy de acuerdo en que podíamos haber ido más deprisa si hubiéramos gobernado por decreto. Pero dadas las complejidades para construir consensos en nuestro sistema parlamentario, es más fácil decir esto que hacerlo", manifestó.
El Ejecutivo afirma que se limitó a seguir los mismos procedimientos de Gobiernos anteriores, pero el caso, el último en una serie de escándalos de corrupción, lleva días ocupando portadas en la prensa del país, que lo ha bautizado como "Coalgate".
Para el Gobierno indio, llueve sobre mojado: la justicia india está ocupada actualmente en uno de los mayores casos de corrupción de la historia del país, relativo a la concesión de licencias de telefonía móvil de manera fraudulenta.
Este escándalo salió a la luz en 2010 gracias también a una investigación de la Auditoría, que estimó la pérdida causada al erario público en hasta 40.000 millones de dólares, y condujo a la caída del entonces ministro de Telecomunicaciones, A. Raja.
Además, la India lleva siendo escenario desde 2011 de intensas protestas contra la corrupción encabezadas por el movimiento del activista gandhiano Anna Hazare, que pide la aprobación en el Parlamento de una ley anticorrupción de amplios poderes.
Este domingo, cientos de personas se manifestaron en las cercanías de la residencia del propio primer ministro y fueron dispersadas con mangueras de agua y bastonazos por las fuerzas de la Policía.
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