23 de septiembre de 2025 - 09:32 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó este lunes al movimiento Antifa como “organización terrorista doméstica”. La decisión se produce tras el asesinato del dirigente conservador Charlie Kirk, y forma parte de una serie de medidas que el mandatario republicano ha prometido contra sus opositores, a quienes responsabiliza de fomentar la violencia.
Antifa
Abreviatura de antifascismo, surgió en la Alemania de los años 30 como resistencia al ascenso del nazismo. En la actualidad no cuenta con líderes nacionales ni con una estructura centralizada. De acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso, está formado por individuos y colectivos autónomos con visiones radicales diversas, que van desde socialistas y comunistas hasta anarquistas.
En Estados Unidos, los grupos vinculados a Antifa han centrado su acción en enfrentar a neonazis y supremacistas blancos. Uno de los más antiguos, Rose City Antifa, nació en Portland en 2007 con el objetivo de protestar contra un festival musical neonazi. Los militantes suelen manifestarse enmascarados, vestidos de negro y defendiendo la confrontación directa con grupos de extrema derecha, lo que en varios casos derivó en choques violentos.
Desde la elección de Trump en 2016, su presencia en las calles se ha vuelto más visible, en ocasiones encabezando contramanifestaciones como la de Charlottesville en 2017, donde se enfrentaron con supremacistas blancos.
Un vacío legal en la designación
La decisión de Trump abre un debate sobre la legalidad de declarar a Antifa como grupo terrorista. Si bien las autoridades federales tienen competencia para actuar contra el terrorismo interno, la legislación estadounidense no contempla la posibilidad de aplicar la misma designación que se utiliza para organizaciones extranjeras como Al Qaeda o Estado Islámico.
Ya en 2020, durante las protestas por el asesinato de George Floyd, Trump había anunciado intenciones similares, sin resultados concretos. Expertos advierten que ampliar esa figura legal a movimientos domésticos podría habilitar a los presidentes a usarla contra adversarios políticos, con consecuencias sobre la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
Con información de AFP.