19 de marzo de 2026 - 09:34 La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso iniciar una investigación administrativa para “comprobar o descartar la existencia de irregularidades en el servicio” en relación con la muerte de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre.
Según informó el semanario Búsqueda, la resolución analiza las actuaciones en dos denuncias previas de violencia registradas en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública y que involucran al núcleo familiar del adolescente.
Un repaso
La primera data del 22 de abril de 2024, cuando la madre del joven denunció a su pareja, Jonathan Calero, por agresiones. En esa instancia intervino la jueza de Familia Especializada de 10º turno, María Elena Iriarte, quien dispuso la prohibición de acercamiento y comunicación en un radio de 500 metros por 180 días. El caso fue archivado el 11 de noviembre de ese año al no constatarse incumplimientos ni hechos nuevos, consignó Búsqueda.
La segunda actuación se originó el 27 de noviembre de 2025, tras una comunicación policial que daba cuenta de que la subdirectora de la UTU Flor de Maroñas había informado sobre lesiones que presentaba el adolescente días antes. En ese caso intervino la jueza de 4º turno, Rossana Re Fraschini, quien dispuso dar intervención al INAU, comunicar los hechos a Fiscalía y solicitar la elevación de antecedentes.
Sin embargo, al 9 de marzo de este año la sede judicial no había recibido los antecedentes policiales ni un informe del INAU, de acuerdo con la resolución.
Además, se constató una diferencia entre lo dispuesto por la magistrada y el registro policial: mientras la orden judicial indicaba que el INAU “aborde” la situación, en la novedad policial se consignó que el organismo debía “aguardar”.
En ese contexto, la SCJ solicitó al Ministerio del Interior información adicional sobre las actuaciones vinculadas al caso, que incluyen las dos denuncias previas y el homicidio del adolescente.
La investigación administrativa, que tiene como objetivo examinar la actuación de los operadores judiciales y eventualmente determinar responsabilidades, estará a cargo de la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 3º turno, María Noel Tornarelli, informó el semanario.