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SUSCRIBITELas instituciones del Estado analizan ahora la secuencia de denuncias y actuaciones que rodearon la vida de Jonathan.
La muerte de Jonathan Correa, de 15 años, derivó en una investigación sobre actuaciones de distintas instituciones del Estado. El caso reconstruye denuncias previas y actuaciones judiciales para determinar si el desenlace pudo haberse evitado.
El 20 de noviembre de 2025 la UTU de Flor de Maroñas presentó una denuncia policial tras detectar lesiones y hematomas en Jonathan. A partir de esa comunicación se activó una actuación judicial.
Según información a la que accedió Telenoche, se dio aviso telefónico a la jueza de Familia de cuarto turno, Rosana De Fraschini, quien solicitó que el INAU abordara la situación, comunicar a Fiscalía y elevar los antecedentes.
El caso llegó a la Fiscalía de Violencia Doméstica y de Género de segundo turno, a cargo del fiscal Luis Pacheco, quien dispuso indagar a los padres y recoger testimonios de familiares.
Pacheco explicó a Telenoche que, tras esa diligencia, el caso no volvió a él porque el expediente no le fue asignado formalmente. El fiscal señaló que en ese momento “no parecía un caso grave” ya que las lesiones que presentaba el adolescente eran leves y estaban en las rodillas.
En el marco de esa actuación, la Policía concurrió al domicilio de Jonathan. El adolescente declaró que se había lastimado jugando al fútbol y su madre indicó que desconocía cómo se habían producido las lesiones.
Desde el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) indicaron que no recibieron la comunicación del caso. El vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes, señaló que la institución no tuvo conocimiento de la denuncia realizada por la UTU.
“Es una situación desagradable porque pareciera que uno quiere deslindarse de una responsabilidad. Como instituciones del Estado tenemos que mirar el problema y ver qué podríamos haber hecho. En este caso no teníamos la posibilidad de intervenir en una situación de la que no teníamos aviso”, afirmó.
La denuncia de noviembre de 2025 no fue la única señal previa.
De acuerdo con información manejada por autoridades educativas, la situación de Jonathan había sido advertida años antes. La directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, indicó que existieron denuncias realizadas por centros educativos.
“Desde la escuela pública cuando detectamos un caso de violencia hacemos la denuncia donde corresponde y tratamos de articular con los organismos del Estado”, señaló.
El único registro que el INAU tiene del adolescente corresponde a su paso por un centro CAIF en 2013.
En los sistemas del Poder Judicial, Fiscalía y el Ministerio del Interior figuran dos denuncias previas vinculadas al entorno familiar: la realizada por la UTU en noviembre de 2025 y una denuncia por violencia doméstica que la madre presentó contra su pareja, padre de Jonathan, en abril de 2024.
Posteriormente a la muerte del adolescente se registró otra denuncia por violencia doméstica hacia una hermana de Jonathan.
Tras conocerse el caso, el tema llegó al Parlamento. Legisladores solicitaron informes a diferentes organismos para reconstruir la actuación institucional.
El diputado Pedro Jisdonian señaló que buscan establecer responsabilidades. “Lo mínimo que está reclamando la gente es determinar dónde fue que falló”, sostuvo.
El legislador presentó pedidos de informe sobre la actuación de UTU, INAU, Ministerio del Interior y Fiscalía en relación con el caso.
Desde organizaciones sociales también se plantearon cuestionamientos. La activista Andrea Tuana, de la ONG El Paso, señaló que el caso obliga a revisar el funcionamiento del sistema de justicia en situaciones de violencia.
Jonathan cursaba estudios en la UTU de Flor de Maroñas. Sus compañeros señalaron que faltaba a clases en el inicio del año lectivo.
El viernes 6 de marzo, sobre las 04:00, se registró el desenlace. El cuerpo del adolescente fue encontrado en una cuneta a pocas cuadras de su casa.
En un primer momento el hecho fue investigado como muerte dudosa, pero el informe forense de la autopsia determinó que se trató de un homicidio.
Según informó el diario El País, el examen indicó que el adolescente presentaba múltiples golpes. Durante una audiencia judicial, la fiscal Sabrina Flores relató que el padre lo agredió con puños, patadas y objetos similares a un cinturón.
De acuerdo con ese informe, las lesiones internas eran numerosas y no se pudo determinar con precisión dónde comenzó el sangrado que provocó la muerte.
La fiscal indicó además que, luego de la agresión, el padre se fue a acostar y posteriormente intentó ocultar el cuerpo en una cuneta cercana a la vivienda.
La investigación continúa y prevé nuevas audiencias, entre ellas para volver a tomar declaración a la madre del adolescente.
Tras la muerte de Jonathan, el INAU intervino respecto a la hermana menor del adolescente.
Fuentes informó que la niña fue trasladada a un hogar de ingreso para evaluar su situación y determinar el tipo de protección necesaria.
“El juzgado especializado determinó una medida de amparo y el equipo de Montevideo intervino para trasladarla a un centro de puerta de entrada para valorar en qué estado se encuentra”, explicó.
El organismo también evalúa la situación de otros familiares menores de edad vinculados al caso.
Las instituciones del Estado analizan ahora la secuencia de denuncias y actuaciones que rodearon la vida de Jonathan.
El objetivo de la investigación es reconstruir qué ocurrió con cada advertencia registrada y determinar en qué punto del proceso pudo haberse producido una falla institucional antes del homicidio del adolescente.
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