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SUSCRIBITETras el operativo policial en el barrio La Unión que rescató a más de 20 adultos mayores, desde el sector señalan que existen 1.000 establecimientos con irregularidades y advierten sobre la falta de soluciones para los internos ante posibles clausuras.
Advertencia de la Asociación de Residenciales.
Getty ImagesUn operativo policial en La Unión dejó al descubierto la precariedad extrema de un residencial clandestino, pero también encendió las alarmas sobre una crisis estructural en el sector. Tras el rescate de entre 22 y 24 adultos mayores que se encontraban hacinados y sin cuidados básicos en una finca de la calle Mateo Cabral y Comercio, la Asociación de Residenciales advirtió que esta situación se repite en cientos de establecimientos en todo Uruguay.
La intervención policial se desencadenó sobre las 22:00 horas, luego de que vecinos alertaran sobre gritos de auxilio provenientes del inmueble. Al llegar, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) constataron que varios ancianos suplicaban por agua y comida desde una ventana, manifestando que estaban encerrados y que algunos habían sufrido caídas. El procedimiento culminó con la detención de la dueña y la encargada del lugar.
Sabino Montenegro, representante de la Asociación de Residenciales, calificó la situación como un problema de fondo que excede a este caso puntual. Según datos proporcionados por la organización, actualmente funcionan en Uruguay unos 1.000 residenciales de manera irregular. Lo más alarmante, según Montenegro, es que entre 200 y 300 establecimientos operan en condiciones "deplorables", similares a las constatadas en el operativo de La Unión.
Estas cifras implican que hay entre 2.000 y 2.500 personas viviendo en centros que no garantizan cuidados dignos ni seguridad básica. En contrapartida, la Asociación estima que solo unos 300 residenciales en todo el país cuentan con todas las habilitaciones correspondientes de Bomberos y de los organismos sociales y sanitarios.
Desde el sector se vincula la precariedad de estos centros con los bajos costos de las cuotas. Montenegro explicó que un residencial debidamente habilitado y con personal capacitado tiene un costo operativo que ronda los 50.000 pesos por persona. "Nadie que pague menos de esa cifra puede pensar que puede estar en un centro con los cuidados necesarios de calidad", afirmó el directivo, señalando que la falta de recursos de las familias empuja a los adultos mayores a estos centros clandestinos.Asimismo, se denunció la existencia de maniobras para engañar a los familiares.
En el caso de La Unión, se detectó que los responsables mostraban una fachada adecuada, pero trasladaban a los internos que no recibían visitas frecuentes a una casa precaria enfrente, donde las condiciones edilicias eran ruinosas. El detonante del rescate fue que, durante la noche, los 20 internos quedaron totalmente abandonados, sin ningún cuidador a cargo.
Para la Asociación de Residenciales, el cierre de estos locales presenta un dilema humanitario y logístico para las autoridades. "El problema es qué hacemos con esas personas que no tienen dinero para ser cuidadas dignamente", planteó Montenegro. En muchos casos, los adultos mayores rescatados no tienen familia o el vínculo está roto, lo que dificulta su reubicación inmediata tras una clausura.
Desde la Asociación sostienen que cerrar los locales es apenas una parte de la solución, ya que el sistema carece de plazas suficientes en centros habilitados para absorber a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad.
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